Ocho municipios de Almería en riesgo de perder paradas de autobús por Ley de Movilidad
La diputada Ana Martínez Labella del Partido Popular ha denunciado que la reciente aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados pone en peligro la permanencia de paradas de autobús en ocho municipios de la provincia de Almería. Esta medida afectaría directamente a más de 28,000 habitantes de las localidades de Carboneras, Benahadux, Tabernas, Turre, Los Gallardos, Sorbas, Chirivel y Rioja.
La legisladora calificó la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez como una “ley trampa” que, según sus declaraciones, no garantiza ni la movilidad ni la sostenibilidad prometidas. Martínez Labella alertó que esta medida generaría un aislamiento mayor en estos núcleos rurales y pequeños municipios, a quienes acusa de ser “despreciados” por el Ejecutivo actual.
Impacto directo para 28,000 almerienses y riesgo de exclusión
Según la diputada, la supresión de las paradas de autobús en estos municipios generará un grave “háandicap” para la movilidad de sus habitantes, afectando su derecho a desplazarse, con consecuencias que podrían replicarse en todo el territorio español. Martínez Labella afirmó que esta situación crearía “ciudadanos de primera y de segunda” según el gobierno, y lamentó la postura oficial, que según ella demoniza el vehículo privado sin ofrecer alternativas viables para quienes dependen del transporte público en zonas rurales.
Medidas y estrategia del Partido Popular para defender el transporte
Para combatir esta posible eliminación de servicios, el Grupo Parlamentario Popular anunció que impulsará acciones para garantizar que las paradas de autobús en Almería no desaparezcan. La estrategia pasa por apoyar a las Comunidades Autónomas, que serán las responsables subsidiarias de prestar estos servicios. Martínez Labella explicó que el propósito real del nuevo Mapa Concesional de Transporte por Carretera es reducir la cobertura estatal para trasladar la responsabilidad financiera y operativa a las entidades regionales.
Esto implicaría un ahorro de 110 millones de euros para el Ministerio de Transportes, mientras que el Estado sólo aportaría 25 millones en ayudas directas durante dos años, además de los 15 millones que las comunidades autónomas podrían generar a través de ingresos propios.
Contexto y consecuencias a nivel nacional
Este anuncio se produce en un contexto donde las comunidades rurales sufren un creciente aislamiento debido a la reducción de servicios públicos y falta de alternativas reales de movilidad. La diputada del PP advierte que esta norma evidenciaría una brecha social y territorial en España, afectando a miles de personas que dependen del transporte público como principal medio de desplazamiento.
Ana Martínez Labella: “Esta ‘ley trampa’ sólo garantiza la inmovilidad de Pedro Sánchez del sillón de la Moncloa.”
Para la población de los municipios afectados, esta posible supresión sería un duro golpe que complica la vida diaria de quienes trabajan, estudian o requieren servicios básicos fuera de sus localidades. Además, abriría un debate sobre la equidad en las políticas de movilidad del Gobierno español y el compromiso con las zonas rurales.
Qué sigue
El Partido Popular prepara recursos y protestas para detener la reducción de paradas y servicios en el #MapaConcesional, que podría concretarse en las próximas semanas. Mientras tanto, los habitantes de Almería y otros territorios vulnerables permanecen a la espera de una solución que garantice su derecho a la movilidad.
La discusión sobre esta ley sigue abierta y ha despertado preocupación en sectores políticos y sociales que exigen mayor atención a las necesidades de la España rural y un transporte público accesible y sostenible.
