José Luis Ábalos acaba de dar un giro inesperado en la investigación del ‘caso Koldo’ al solicitar al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que expulse a los partidos políticos que actúan como acusación popular, entre ellos el PP y Vox. Esta petición ha prendido las alarmas en el ambiente político y judicial por la posible repercusión en las estrategias de los partidos legales en causas importantes.
El escrito, presentado por el abogado de Ábalos, Carlos Bautista, apunta directamente a la utilización que los partidos hacen de la figura de la acusación popular, un derecho constitucional reconocido a la ciudadanía. Sin embargo, Bautista advierte que su ejercicio por parte de “personas jurídicas” como los partidos políticos es una “perversión” de esta institución y perjudica la iniciativa de los ciudadanos particulares.
Un enfrentamiento jurídico que pone en jaque a varios partidos
La defensa de Ábalos argumenta que permitir a partidos políticos convertirse en acusadores populares transforma el proceso penal en un “instrumento político”. Según el escrito, los partidos logran con esta figura “ganar el juicio de la opinión pública”, lo que significa una condena social incluso antes de una sentencia judicial.
Además, Bautista señala que esta presencia política genera una desventaja para partidos que no están personados en estas causas y termina siendo una batalla con fines extrajudiciales que erosionan la figura del adversario político. Con esto, pide al Supremo que se actúe retirando a PP, Vox, Ciudadanos, UPN e Iustitia Europa de la acusación popular en el caso que investiga presuntas comisiones ilegales para la adjudicación de contratos públicos.
¿Qué sigue en el ‘caso Koldo’ tras la solicitud de Ábalos?
Ahora, el magistrado Leopoldo Puente deberá valorar esta solicitud en medio de un caso que mantiene la atención política y mediática encendida. Mientras tanto, esta petición abre un intenso debate sobre el papel de los partidos en la justicia y la posible reforma del derecho de acción popular.
Para el público mexicano, aunque se trata de un proceso judicial en España, las implicaciones sobre cómo los partidos políticos pueden influir en procesos judiciales con fines políticos resuenan en cualquier sistema democrático. Así, el seguimiento de esta causa puede reflejar desafíos similares que enfrentan diversos países, incluyendo México, en la lucha por la transparencia y el equilibrio entre justicia y política.
Las próximas semanas serán decisivas para observar si el Supremo toma la histórica decisión de limitar la participación de los partidos en esta figura jurídica y cómo responde el entorno político ante este movimiento del exministro.
