Desarrollándose: La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, ha afirmado que los aportes recibidos por Fuerza Popular para sus campañas electorales de 2011 y 2016 fueron totalmente lícitos, en medio del escándalo del caso ‘Cócteles’. En una entrevista con Canal N, Loza insistió en que hasta el momento no existe una determinación clara sobre una fuente ilícita que vincule a Fujimori con lavado de activos.
“Hasta el día de hoy no se ha determinado lo más importante”, explicó Loza, enfatizando que para hablar de lavado de activos es crucial establecer el origen ilícito de los fondos. Esto se complica más al considerar que incluso en el caso de Odebrecht, no se ha demostrado que “la caja 2 fuera de fuente ilícita”, según lo declarado por varios funcionarios de la empresa brasileña.
La abogada señaló que figuras como Ollanta Humala, Barata y Odebrecht han negado que el dinero recibido fuera de una fuente ilícita. “Si supuestamente quienes dieron no conocían una fuente ilícita, ¿cómo se puede forzar a quien recibió a aceptar que era de origen ilícito?”, cuestionó.
En cuanto a las acusaciones relacionadas con la carretera Interoceánica, Loza reafirmó que no había conocimiento sobre las operaciones de Odebrecht hasta 2015. “Es falso lo que ha dicho el fiscal, porque el informe sobre la Interoceánica fue discutido en tres comisiones del Congreso”, declaró, recordando que de los 120 congresistas que votaron, solo cinco eran de Fuerza Popular y que Keiko no participó en las votaciones clave.
Por otro lado, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, ha criticado la posibilidad de que el Tribunal Constitucional reemplace a la justicia penal en el habeas corpus presentado por Fujimori. Pérez advirtió que la resolución del TC no puede contradecir las decisiones del fuero penal ordinario, que investiga casos de corrupción y lavado de activos.
El habeas corpus busca dejar sin efecto las investigaciones y procesos penales contra la líder de Fuerza Popular en el marco del caso ‘Cócteles’. Sin embargo, Pérez recordó que el tribunal no es un órgano revisor de procesos penales, lo que podría establecer un peligroso precedente de interferencia en la labor jurisdiccional penal.
“Conceder el habeas corpus afectaría la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, pilares del Estado de derecho”, concluyó Pérez, subrayando la importancia de mantener la integridad del sistema judicial en el país.
Este desarrollo se produce en un contexto donde la percepción pública sobre la corrupción sigue siendo un tema candente en la política peruana, lo que podría tener repercusiones en las relaciones políticas y sociales en la región.
