ACTUALIZACIÓN URGENTE: La alcaldesa de Cajibío, Diana Carolina Cabanillas Valencia, ha sido enviada a prisión tras ser acusada de graves irregularidades en la contratación pública, con un monto total de 280 millones de pesos. Esta decisión se tomó el 12 de septiembre de 2025 después de una serie de audiencias judiciales que revelaron el manejo cuestionable de recursos destinados a eventos municipales.
Las autoridades han señalado que Cabanillas firmó cuatro contratos con el mismo proveedor entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre de 2024, sin cumplir con los procedimientos legales necesarios, lo que generó un clima de desconfianza y falta de transparencia en el municipio. La investigación indica que omitió abrir un proceso de selección que es fundamental para garantizar la competencia justa en la contratación estatal.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que la alcaldesa, en su rol como servidora pública, gestionó y liquidó contratos sin seguir los requisitos legales establecidos, lo que permitió que se apropien de recursos públicos. Los cargos en su contra incluyen contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Diana Cabanillas ha negado todas las acusaciones.
Entre los contratos en cuestión se encuentran aquellos destinados a la “Implementación del Sector Comercio, Industria y Turismo Competitivo en Cajibío” y la celebración del Día de la Familia Campesina. Ambas iniciativas requerían servicios logísticos, adjudicados a un mismo proveedor, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de competencia y transparencia en la administración de los recursos públicos.
La captura de Cabanillas se realizó en el municipio de Piendamó por funcionarios del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional. Un juez penal dictó la medida de aseguramiento en un centro carcelario, justificando su decisión por la gravedad de los hechos y el riesgo de que la alcaldesa pueda repetir las acciones delictivas.
La defensa de Cabanillas ha anunciado su intención de apelar la decisión judicial, lo que significa que un juez de circuito evaluará si la medida de aseguramiento se mantiene o se revoca. Mientras tanto, la exalcaldesa permanecerá en prisión.
Este escándalo se produce en un contexto de crisis institucional en Cajibío, que también enfrenta problemas de seguridad tras recientes ataques armados, incluyendo un incidente el 14 de septiembre en El Carmelo, que dejó un saldo de un policía muerto y varios heridos, aumentando la tensión en la localidad.
Los ciudadanos y autoridades locales están expectantes ante el desarrollo de este caso, que podría tener repercusiones significativas en la administración pública y la confianza de la comunidad en sus líderes.
