Alfonso Ramírez Cuéllar impulsa reformas para acelerar y blindar la fiscalización del gasto público
La fiscalización del gasto público en México enfrenta una crisis de tiempos y eficacia que pone en riesgo la confianza ciudadana y la correcta administración de los recursos públicos. El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar presenta esta semana un paquete de reformas urgentes para modernizar el sistema nacional de rendición de cuentas y colocar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como un órgano preventivo, eficiente y transparente, frente a un rezago crítico.
Las nuevas propuestas buscan transformar radicalmente los procesos actuales, en los cuales la ASF entrega informes con un retraso promedio de 18 meses, lo que hace prácticamente imposible corregir o recuperar los daños patrimoniales detectados a tiempo. En 2025, el organismo reportó observaciones por 142 mil millones de pesos, pero solo logró recuperar 4 mil millones, es decir, poco más del 3% de los recursos observados.
Reformas clave para recuperar la fiscalización oportuna
Ramírez Cuéllar propone cambios con un calendario estricto y plazos cortos para que la Cuenta Pública se presente en abril, no en junio. Los informes individuales de auditoría deberían entregarse trimestralmente, y las observaciones pasarían de notificarse en 90 a solo 30 días. Esto permitiría una fiscalización preventiva que intervenga a tiempo, evitando que las irregularidades se conviertan en daños irreversibles.
Un ejemplo claro: irregularidades detectadas en el programa Sembrando Vida durante 2022 fueron reportadas dos años después cuando ya sumaban un daño superior a 5,200 millones de pesos. Según la propuesta, esas fallas se habrían detectado en el primer semestre y corregido antes de que crecieran.
Blindaje integral contra la politización y corrupción
La reforma también fortalece la autonomía y neutralidad de la ASF. Impulsa la prohibición de nepotismo, limitando contrataciones de familiares hasta el cuarto grado, y exige concursos públicos para auditores especiales, asegurando un perfil profesional y sin afinidades partidistas.
Se busca empoderar al Congreso para que supervise sin intervenciones políticas y garantice que la ASF actúe con independencia. Esta medida responde a situaciones como la ocurrida en octubre de 2025, cuando Emilio Barriga, Auditor Especial del Gasto Federalizado, salió del cargo bajo señalamientos por auditorías “a modo” y parentescos indebidos.
Fiscalización abierta y accesible para la ciudadanía
Para responsabilizar frente a la sociedad, las iniciativas incluyen una plataforma digital ciudadana que permita rastrear en tiempo real obras, proyectos y contratos con alertas automáticas, además de emitir informes en lenguaje claro enriquecidos con infografías, videos y resúmenes para redes sociales.
Una app garantizaría denuncias anónimas con respuesta en 48 horas, facilitando la participación ciudadana en la vigilancia del gasto público, clave para reconstruir la confianza en la institución, que según Latinobarómetro solo registra un 12% de confianza popular.
Un llamado urgente por un gasto público eficiente y transparente
Alfonso Ramírez Cuéllar enfatiza que la fiscalización no debe limitarse a castigar errores tardíos, sino convertirse en un motor constante de mejora gubernamental y prevención de daños. Detectar desviaciones en marzo permite corregirlas en abril, gobernar con eficacia y evitar pérdidas millonarias.
El objetivo central es claro: que el gasto público corresponda a un proyecto social que beneficie a las personas y devuelva a los ciudadanos la certeza de un Estado responsable y transparente.
En esta era de redefinición y exigencia ciudadana, la propuesta representa una apuesta ética y política indispensable para México. “No hay democracia sin fiscalización, no hay confianza sin transparencia, y no hay futuro sin un Estado que rinda cuentas como si cada peso fuera el último”, concluyó Ramírez Cuéllar.
