ACTUALIZACIÓN: La Junta de Andalucía, liderada por Antonio Sanz, denuncia que el Gobierno central busca el “caos” con el nuevo reparto de menores migrantes no acompañados. En declaraciones recientes para Onda Cero, Sanz criticó la decisión del Ejecutivo de activar un protocolo que trasladará a estos menores de Canarias a la Península, acusando a la administración de Pedro Sánchez de “imposición política”.
El Real Decreto aprobado la semana pasada establece que Andalucía tiene una capacidad de acogida de 2,827 plazas, mientras que Cataluña y Madrid cuentan con 2,650 y 2,325 respectivamente. Sanz enfatizó que las comunidades gobernadas por el PP están siendo sobrecargadas sin el debido diálogo, y advirtió que esta situación podría provocar un “desbordamiento” en el sistema de acogida de Andalucía.
El consejero no solo cuestionó la falta de recursos, sino que también planteó dudas sobre por qué comunidades como el País Vasco y Cataluña no recibirán menores, atribuyendo esta decisión a su apoyo político al Gobierno. “Es una vergüenza que se utilicen a los menores como mercancía política”, afirmó Sanz.
A la pregunta sobre si la Junta recurrirá esta medida, Sanz aseguró que explorarán “todas las vías jurídicas”, incluida una posible reclamación en el Tribunal Supremo. El consejero insistió en que Andalucía no debe recibir lecciones de solidaridad, pues históricamente ha sido una comunidad de acogida, pero actualmente está cerca del 100% de su capacidad.
La situación es crítica y se desarrolla en un contexto donde el Gobierno busca mantener su apoyo en el Congreso, mientras que comunidades autónomas como Andalucía enfrentan el reto de gestionar un número creciente de menores sin los recursos adecuados. La denuncia de Sanz resuena en un clima de creciente tensión política y social en España, donde las decisiones sobre la inmigración son más relevantes que nunca.
La Junta de Andalucía exige respeto por parte del Gobierno y dignidad para los menores, pidiendo que no sean tratados como elementos de negociación política. La comunidad andaluza, que ha acogido a muchos menores en el pasado, se encuentra ahora en una posición vulnerable, lo que provoca una creciente preocupación por el bienestar de estos jóvenes en un sistema que parece estar al borde del colapso.
Con esta crisis en curso, la atención está ahora centrada en cómo responderá el Gobierno y qué medidas se tomarán para abordar esta preocupante situación.
