La Junta de Andalucía se encuentra en la recta final para aprobar la nueva Ley de Patrimonio, buscando modernizar un marco legal que data de 1986 y adaptarlo a las necesidades actuales. La reforma, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, tiene como objetivo mejorar la gestión de los bienes y derechos patrimoniales de la comunidad.
La nueva legislación incluirá herramientas jurídicas modernas y mecanismos más ágiles para optimizar la administración de recursos, eliminando cargas burocráticas innecesarias. Según Carolina España, responsable de Economía, esta reforma es un avance decisivo para la gestión del patrimonio andaluz, uno de los más amplios de España.
Entre sus novedades, se establece una definición más amplia del patrimonio, incorporando tanto bienes como derechos, y por primera vez se implementará un régimen sancionador específico para protegerlo. Esto busca prevenir atentados contra el patrimonio y establecer responsabilidades claras ante cualquier daño.
Además, la nueva ley promoverá la coordinación entre administraciones y la eficiencia en el uso de los edificios administrativos, eliminando gastos superfluos y mejorando la gestión del parque móvil de la comunidad. La incorporación de herramientas digitales también será clave para maximizar los recursos disponibles y asegurar una administración más ágil.
Un aspecto fundamental de este nuevo marco normativo es el refuerzo de la transparencia, con la creación de la Plataforma de Publicidad Patrimonial, que centralizará información sobre operaciones patrimoniales, facilitando así el acceso ciudadano y garantizando la rendición de cuentas.
La ley también introduce la posibilidad de que entidades locales propongan a la Junta la activación de bienes en desuso, fomentando el desarrollo local y la recuperación de espacios públicos. Por otro lado, se establecerá un mecanismo de consulta de interés de mercado para recoger información del sector empresarial y la sociedad civil, ayudando a orientar los procesos de adjudicación.
Con un enfoque en la sostenibilidad, la normativa será pionera en aplicar criterios medioambientales en la gestión patrimonial, promoviendo iniciativas para la reutilización de bienes públicos y su cesión con fines sociales, educativos o medioambientales.
La tramitación de esta ley está prevista para comenzar en el próximo periodo de sesiones, lo que podría impactar positivamente en la eficacia de la administración pública en Andalucía y, potencialmente, servir como modelo para otras comunidades.
