ASF denuncia grave fuga fiscal por huachicol en México
Ciudad de México – La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acaba de revelar que en los últimos seis años la economía mexicana ha sufrido un daño fiscal sin precedentes por el contrabando masivo de combustible conocido como huachicol fiscal. Entre 2019 y 2024, esta actividad ilegal provocó un quebranto al erario público por 554 mil 750 millones de pesos, según informes oficiales.
El origen del problema radica en la entrada al país de millones de litros de combustible clasificados erróneamente como otros insumos con menor carga fiscal como aditivos, lubricantes y aceites. Esta estrategia engañosa —detectada por la ASF en al menos seis auditorías— permite evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), afectando gravemente las finanzas públicas.
Las auditorías realizadas entre 2019 y 2024 detallan que 120 mil 726 millones de litros no fueron declarados apropiadamente, cifra calculada con base en datos cruzados de la Energy Information Administration (EIA) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Esta modalidad de huachicol fiscal no opera con el robo físico común, sino con artimañas documentales y fallas en los controles tributarios y aduanales mexicanos.
Fragilidad en vigilancia aduanera y rutas irregulares
La ASF identificó serias fragilidades en las aduanas, rutas de importación y registros fiscales que han sido explotadas para mantener esta industria paralela ilegal al margen del sistema tributario. Los hallazgos muestran que las autoridades no habían reforzado los controles para bloquear el flujo documental irregular que permite esta evasión masiva.
Este modus operandi representa un enorme reto para el gobierno, que hasta ahora no ha podido cerrar los portales que facilitan el contrabando disfrazado de insumos legales, incrementando la pérdida de recursos que son imprescindibles para el desarrollo y seguridad del país.
Impacto y próximos pasos
Estos descubrimientos de la ASF reiteran la necesidad urgente de reforzar la vigilancia aduanera y la fiscalización del combustible, no solo para combatir el daño económico sino también para frenar el fortalecimiento de redes ilegales que aprovechan los vacíos legales.
La pérdida fiscal de más de 554 mil millones de pesos representa una enorme cantidad que pudo haberse invertido en programas sociales, seguridad pública y desarrollo económico. Las autoridades mexicanas deben responder con políticas inmediatas para atajar estos flujos.
La ASF seguirá monitoreando y actualizando sus informes para exigir rendición de cuentas y acelerar reformas en la administración tributaria y aduanera. La sociedad mexicana debe estar atenta a los avances en este caso que pone en riesgo la estabilidad fiscal del país.
“La detección de estas rutas deja en evidencia que el sistema tributario tiene vacíos que hoy permiten mantener esta industria ilegal,” indicó un auditor de la ASF consultado por La Razón.
Este caso marca un llamado de alerta para autoridades y ciudadanos frente a un problema que no solo afecta finanzas, sino que también abre la puerta a dinámicas criminales en el mercado energético.
