La investigación que se lleva a cabo en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro ha tomado un giro significativo en las últimas semanas. La denuncia presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz se basa en cartas polémicas del excanciller Álvaro Leyva, en las que se insinúa que el mandatario podría enfrentar problemas de adicción a sustancias psicoactivas. Esta situación, de verificarse, podría poner en entredicho su capacidad para ejercer sus funciones como presidente.
El proceso formal se inició con la emisión del Auto No. 6934 el 10 de junio de 2025, donde se ordenó la apertura de la indagación previa. Esta decisión se fundamenta en la denuncia presentada el 28 de abril y ampliada en junio con nuevos documentos y argumentos. Ruiz expresó su satisfacción a través de su cuenta en X, señalando que “¡La justicia empieza a moverse!” y enfatizando la importancia de la declaración de Leyva como un elemento crucial en las investigaciones.
El exministro detalló que uno de los investigadores designados ya está activo en el caso, lo que indica que la Comisión está tomando en serio la denuncia. Según Ruiz, la declaración de Leyva es esencial para determinar si hay fundamento en las acusaciones y si se justificaría la realización de exámenes toxicólogicos al presidente. “Es momento de que la justicia actúe con implacable rigor”, concluyó.
En este contexto, la Comisión ha decidido recibir el testimonio de Leyva, quien debe aclarar su conocimiento sobre los hechos y las motivaciones detrás de sus cartas. Hasta el momento, dos de dichas cartas han sido formalmente integradas al expediente, y se ha solicitado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia la certificación del cargo que ocupa el presidente Petro. Además, la Policía Judicial de la Comisión ha sido comisionada para garantizar la comparecencia de Leyva en la diligencia testimonial.
La posibilidad de que se ordenen exámenes toxicólogicos depende de la ratificación de las acusaciones por parte de Leyva. Si esto ocurre, el representante Carlos Cuenca, quien actúa como uno de los investigadores principales, tendría la autoridad para solicitar dichas pruebas al presidente. Este escenario pone de relieve la seriedad de las acusaciones y el impacto que podrían tener en la administración de Petro.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de controversia. Se ha presentado una recusación contra el secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, por parte de Wilson Ruiz, quien argumenta que existe una falta de imparcialidad en la gestión de Corzo. En una carta fechada el 1 de julio de 2025, Ruiz señaló que Corzo podría tener una “relación personal cercana” con el presidente, lo que, a su juicio, podría influir en la objetividad del funcionario.
Este vínculo ha sido motivo de preocupación para Ruiz, quien también ha hecho referencia a la designación de Olga Lucía Velásquez Nieto como investigadora, apuntando a su cercanía con el gobierno y a su rol en la investigación. A pesar de que el presidente de la Comisión ha hecho ajustes en el equipo investigador, Ruiz ha solicitado formalmente que Corzo sea apartado de cualquier intervención relacionada con las quejas presentadas.
La situación se torna cada vez más delicada para el presidente Petro, quien enfrenta una de las investigaciones más importantes de su mandato. Con la posibilidad de que se realicen exámenes toxicólogicos en el horizonte, la atención pública se centra en el desarrollo de este caso y en las implicaciones que podría tener para su administración.
El desenlace de esta investigación podría marcar un punto de inflexión en la política colombiana, y el papel de la justicia en este proceso será crucial. La población espera respuestas claras y contundentes que permitan esclarecer las acusaciones y restaurar la confianza en las instituciones, mientras el presidente continúa enfrentando un ambiente político cada vez más complicado.
