La expremier peruana Betssy Chávez ha comenzado una huelga de hambre en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida. Su decisión responde a las presuntas amenazas de muerte que ha venido enfrentando, así como a los malos tratos que asegura recibir de las autoridades del penal. Además, Chávez se ha negado a ser trasladada al Penal Barbadillo para participar en el juicio oral que se lleva a cabo en su contra y del expresidente Pedro Castillo.
En una carta dirigida a la magistratura, Chávez expresó su malestar y señaló directamente a la directora del penal, Nelly Aquino, y a otros funcionarios, incluyendo a la jefa del Órgano Técnico de Tratamiento, Vilma Páucar Rojas, y a la jefa de seguridad, Elvia Córdoba Mondragón. En su misiva, la exministra detalló que estas autoridades “utilizan a internas para amenazar mi vida”. Su carta fue presentada a primera hora del 15 de julio de 2025, momento en el cual hizo pública su difícil decisión.
La negativa de Chávez a asistir al juicio llevó a su abogado, Raúl Noblecilla, a solicitar la suspensión de la sesión. Tanto la defensa como el Ministerio Público no se opusieron a esta solicitud, aunque se indicó que, en caso de que la exministra no se presente en la próxima audiencia, el juicio podría continuar sin su participación.
En un contexto de creciente tensión, Chávez también denunció en una segunda carta las condiciones de su reclusión, alegando que se le ha prohibido el acceso a los servicios higiénicos durante los fines de semana y se le ha limitado el tránsito por los pasadizos comunes. Además, afirmó que las visitas de sus abogados y familiares han sido restringidas, lo que ha exacerbado su situación.
La expremier no solo se ha concentrado en su situación personal. En audiencias recientes, Chávez ha denunciado actos de corrupción dentro del penal, incluyendo chantajes sexuales y sobornos. Durante el juicio del 10 de julio de 2025, hizo públicas estas acusaciones, afirmando que las condiciones de su encarcelamiento han empeorado por el abuso de poder de las autoridades penitenciarias.
Chávez acusó a la administración del penal de haber convertido el lugar en un entorno de abuso, donde varios internos, en complicidad con la dirección, manejan el centro penitenciario a cambio de favores. La exministra calificó a estas funcionarias como parte de una posible “organización criminal” y pidió al Ministerio Público que inicie una investigación por delitos relacionados con corrupción y abuso de autoridad.
La situación de Betssy Chávez ha generado un amplio debate en la sociedad peruana, ya que su caso no solo refleja las tensiones políticas actuales, sino también la problemática de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. A medida que avanza el juicio y se hacen más evidentes las denuncias de maltratos, la atención del público y de los organismos de derechos humanos se centra en la necesidad de una revisión exhaustiva de las condiciones en los centros de detención del país.
La huelga de hambre de Chávez resuena como un acto de desesperación ante lo que considera una serie de injusticias. La exministra espera que su protesta genere suficiente presión para que las autoridades tomen acción frente a las denuncias que ha hecho, tanto sobre su situación personal como sobre el sistema penitenciario en general.
En un entorno donde la política y el derecho a la defensa personal se entrelazan, el futuro de Betssy Chávez y las implicaciones de su huelga de hambre podrían tener repercusiones significativas. La respuesta de las autoridades judiciales y del sistema penitenciario será crucial en las próximas semanas.