Nuevos reportes confirman que las fuerzas de seguridad en Los Ángeles utilizaron un exceso de fuerza contra manifestantes y periodistas durante las protestas de junio en oposición a las políticas migratorias de Donald Trump. Según un informe de Human Rights Watch (HRW), decenas de personas resultaron heridas por disparos de balas de goma, granadas aturdidoras y gas pimienta lanzados a corta distancia, lo que demuestra una brutalidad deliberada en un contexto mayoritariamente pacífico.
Las protestas comenzaron el 6 de junio tras las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que recibió órdenes del gobierno de Trump para centrarse en migrantes indocumentados en una ciudad con alta población latina. A pesar de su naturaleza pacífica, algunos momentos se tornaron caóticos, lo que llevó a Trump a enviar a la Guardia Nacional y marines, una decisión que fue duramente criticada por autoridades locales.
El informe de HRW documentó 65 casos en los que oficiales de la policía hirieron a manifestantes y periodistas, advirtiendo que el número real podría ser mucho mayor. En un caso alarmante, un oficial disparó a tres personas a quemarropa con proyectiles de impacto cinético, causando un dolor intenso. Entre las lesiones reportadas se encuentran huesos rotos, contusiones, un dedo amputado y graves lesiones oculares.
El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles aseguró que sus oficiales “no despliegan armas no letales de manera indiscriminada” y que estas se utilizan únicamente tras agotar todos los esfuerzos de desescalada. Sin embargo, el incidente de un fotógrafo de AFP que recibió un disparo en la cara con una bala de goma durante una protesta el 14 de junio ha generado más cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.
La Constitución de Estados Unidos protege el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, además de restringir el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la ley. En California, existen leyes que limitan el uso de “armas menos letales” en protestas y que garantizan los derechos de la prensa.
Este informe de HRW se suma a un creciente clamor por la rendición de cuentas y una revisión de las tácticas policiales en situaciones de protesta. Las autoridades locales y los defensores de los derechos humanos exigen una investigación exhaustiva y cambios en las políticas que garanticen la protección tanto de los manifestantes como de los periodistas en el ejercicio de su labor.
La atención se centra ahora en qué acciones tomarán las autoridades para abordar estos hallazgos y cómo afectará esto a las futuras protestas en un clima de creciente tensión en torno a las políticas migratorias.
