Últimos datos del INEGI revelan que en Tamaulipas, alrededor de 767 mil 116 personas trabajan sin prestaciones de ley, lo que representa un alarmante 46.4 por ciento de informalidad laboral en el segundo trimestre de 2025. Esta situación crítica no solo afecta a los trabajadores, sino que también impacta negativamente en la economía del estado, limitando la recaudación fiscal y perpetuando la precariedad.
Los sectores más golpeados son el comercio, los servicios y la agroindustria, donde los empleados se ven obligados a aceptar condiciones laborales sin contrato ni prestaciones, debido a la escasez de opciones en el mercado formal. En ciudades como Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, la informalidad se manifiesta en el día a día a través de mercados ambulantes, talleres y pequeños comercios que operan sin regulación.
A pesar de que las autoridades han anunciado programas para fomentar el empleo formal, el INEGI indica que estas medidas han sido insuficientes para revertir la tendencia creciente de la informalidad. Las autoridades laborales en Tamaulipas mantienen un programa de inspecciones y ferias de empleo, pero la falta de inversión en ciertos sectores sigue limitando las oportunidades de transición hacia trabajos con seguridad social.
El impacto humano de esta situación es devastador, ya que miles de trabajadores y sus familias carecen de acceso a servicios de salud y ahorro para el retiro, lo que pone en riesgo su bienestar y futuro.
Los expertos sugieren que se requiere una estrategia integral que combine incentivos fiscales y políticas de desarrollo para enfrentar este problema de manera efectiva. La creciente informalidad laboral no solo es un reto para los trabajadores, sino que también demanda una respuesta contundente de las autoridades para asegurar un futuro más estable y seguro para todos los tamaulipecos.
Esta situación se desarrolla en un contexto donde la economía estatal necesita urgentemente un impulso que permita a los ciudadanos acceder a trabajos dignos y con prestaciones adecuadas, asegurando así un mejor futuro para las nuevas generaciones. Las autoridades deben actuar rápido para revertir esta alarmante tendencia y proporcionar soluciones efectivas que protejan a quienes constituyen la base de la economía local.
