El próximo mes de octubre, Mexicali celebrará cinco años desde que se anunciaron los planes para implementar un sistema de Justicia Cívica, un mecanismo diseñado para abordar conflictos comunitarios de manera más eficiente. A pesar de la intención original de este esquema, que busca prevenir y resolver problemas antes de que escalen a instancias judiciales, la realidad es que este proyecto sigue sin materializarse. La falta de reglamentación, instalaciones adecuadas y una actualización de la capacitación del personal han obstaculizado su avance.
Desde la administración del último alcalde del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Sánchez Vásquez, se han realizado esfuerzos a nivel federal para impulsar la Justicia Cívica. En colaboración con la organización USAID, se destinaron recursos para habilitar instalaciones y capacitar a personal. Sin embargo, el tiempo ha pasado y los gobiernos locales deberán afrontar la implementación de este sistema con sus propios recursos, lo que complica aún más la situación.
La diputada Daylín García Ruvalcaba, del partido Movimiento Ciudadano, ha sido una de las voces más críticas respecto al estancamiento del proyecto. Según ella, estos cinco años se deben a un desinterés generalizado en crear mecanismos efectivos para la prevención del delito, ya que la administración se ha enfocado en una visión punitiva en lugar de en la resolución pacífica de conflictos. Este enfoque ha limitado las posibilidades de implementar un sistema que podría beneficiar a la comunidad.
Por su parte, el regidor del PAN, Manuel Rudecindo García, argumenta que el Cabildo tiene las facultades necesarias para reglamentar la Justicia Cívica, pero hasta ahora no lo ha hecho. Esta situación resulta paradójica, dado que el proyecto fue inicialmente impulsado por el partido en el poder. En lugar de avanzar, el Ayuntamiento ha optado por enviar fichas técnicas que apenas destacan las actividades relacionadas con la Justicia Cívica, sin ofrecer soluciones concretas.
La situación se remonta a 2017, cuando el Poder Legislativo Federal sentó las bases para la política de prevención del delito y resolución de conflictos a través de la Justicia Cívica y el Consejo de Paz. A pesar de ello, las entidades federativas y los municipios han tenido libertad para configurar su propio enfoque, lo que ha resultado en una implementación desigual y, en muchos casos, nula.
Durante la administración de Gustavo Sánchez, se inició un proceso de capacitación que alcanzó aproximadamente al 70% de los policías y casi todos los jueces calificadores de ese momento. Sin embargo, el compromiso de los siguientes gobiernos para concluir la reglamentación y el arranque del proyecto nunca se materializó. A pesar de que en octubre de 2020, la entonces alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda dio un banderazo de inicio para la construcción de una sala destinada a audiencias de Justicia Cívica, este fue el último avance tangible que se registró.
En 2023, el regidor José Ramón López Hernández aseguró que el programa piloto podría iniciar ese mismo año. Sin embargo, los plazos no se cumplieron y los recursos destinados a la obra, que ascendían a $3 millones, tampoco se concretaron. Cuando López Hernández dejó su cargo para asumir la dirección de Bienestar Social Municipal, el proyecto quedó nuevamente en el aire.
La llegada de Norma Alicia Bustamante a la Presidencia Municipal en 2021 representó una nueva oportunidad para avanzar en la implementación del Consejo de Paz y la Justicia Cívica. Sin embargo, a pesar de contar con un Cabildo mayoritariamente favorable y el compromiso de continuar con los trabajos pendientes, la situación no ha mejorado. La diputada García Ruvalcaba ha presentado exhortos y un proyecto de ley que busca establecer un marco jurídico exitoso, pero el Congreso, dominado por el partido Morena, no lo ha dictaminado.
Con el paso del tiempo, ha surgido la necesidad de realizar un nuevo diagnóstico sobre la situación de la Justicia Cívica. Las capacitaciones previas, dirigidas a policías y jueces, pueden haber quedado obsoletas, y se desconoce cuántos de los agentes capacitados continúan en sus funciones. La falta de acción ha llevado a que el proyecto se replantee desde cero, sin el apoyo de USAID, que ha dejado de operar en la región.
Recientemente, el Ayuntamiento de Mexicali recibió una propuesta del Gobierno de México para establecer un reglamento de Justicia Cívica y Consejos de Paz. Sin embargo, los jueces actuales aún mantienen una visión restrictiva, emitiendo sanciones que van desde multas hasta arrestos, y carecen de la capacidad para mediar en conflictos. La figura del juez cívico debería evolucionar hacia un enfoque más restaurativo, buscando resolver conflictos y prevenir futuros problemas.
El nuevo modelo de trabajo que se propone para los policías incluye acciones de proximidad y resolución de problemas, en lugar de limitarse a la vigilancia y respuesta. Para ello, se sugiere la creación de equipos multidisciplinarios que puedan abordar los conflictos desde diversas perspectivas, incluyendo la salud mental y la criminología. Según la diputada García Ruvalcaba, el 30% de los mexicanos enfrenta conflictos interpersonales que podrían resolverse de manera temprana con este mecanismo.
A pesar de los esfuerzos, las autoridades municipales aún no han establecido una fecha concreta para el inicio de este nuevo modelo de justicia en las comunidades. La falta de capacitación continua y la infraestructura necesaria son obstáculos significativos para el avance de la Justicia Cívica en Mexicali. Actualmente, solo existe una sala en la Subcomandancia Noreste, donde se había planeado que se resolvieran los conflictos, pero la realidad es que estos planes nunca se llevaron a cabo.
