ACTUALIZACIÓN URGENTE: Fiscales de Colombia, Brasil y Chile han formalizado hoy en Brasilia una alianza sin precedentes para enfrentar el crimen organizado que trasciende fronteras. Este acuerdo se produce en un contexto alarmante donde el narcotráfico, el tráfico de armas y los delitos cibernéticos han dejado de ser problemas locales para convertirse en amenazas regionales.
La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, junto al fiscal brasileño, Paulo Gonet Branco, y su homólogo chileno, Ángel Valencia Vásquez, firmaron un documento que establece las bases para una cooperación más profunda. Este compromiso busca abandonar la lógica de acciones aisladas y avanzar hacia un modelo que comparta información y multiplique la eficacia de los operativos.
La nueva instancia se centrará en tres líneas de acción cruciales. La primera se orienta a potenciar el uso del análisis criminal y de tecnologías de investigación, integrando herramientas que actualmente funcionan por separado. La segunda línea contempla la creación de una base de datos compartida sobre el crimen organizado, que permita acelerar el intercambio de información y cerrar las brechas que las organizaciones delictivas suelen aprovechar.
Además, se crearán Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) que trabajarán sobre operaciones específicas para desmantelar redes delictivas. Este enfoque no solo busca disuadir el tráfico de drogas, armas y otros ilícitos, sino también abordar urgentemente el rastreo de operaciones financieras ilegales y la recuperación de activos criminales, incluyendo el uso de criptoactivos.
Un aspecto crítico del acuerdo es la desarticulación de redes criminales que operan desde prisiones, un fenómeno que ha crecido en la región, y que demuestra la adaptabilidad de estos grupos ante la persecución estatal. El fortalecimiento de los controles en áreas portuarias también será parte de la estrategia inicial, ya que los puertos son considerados claves para la expansión de estas organizaciones.
La primera fase de esta colaboración será exclusiva entre estos tres países, con el objetivo de consolidar este esquema antes de abrir la puerta a otros ministerios públicos y fiscalías de la región. Así, se busca construir un modelo sólido que pueda ser ampliado a un marco latinoamericano más amplio.
Este acuerdo no solo es un acto de cooperación, sino un reconocimiento de que el crimen transnacional exige respuestas colectivas. Las instituciones involucradas están decididas a compartir información, trabajar con metodologías comunes y cerrar los espacios de impunidad que actualmente aprovechan las redes criminales. La lucha contra el crimen organizado ha comenzado, y los ojos de América Latina están puestos en esta alianza histórica.
