La Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ratificado la sentencia en contra de Mario Correa Ríos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quien fue amonestado por el uso indebido de recursos públicos durante su campaña de reelección en las últimas elecciones judiciales en Yucatán. La decisión se dio a conocer durante una sesión pública celebrada el pasado viernes, donde se abordaron las impugnaciones presentadas por Correa Ríos para intentar revertir la sanción impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY).
La controversia se centra en la utilización de recursos y de la imagen institucional para fines de promoción personal. Tanto Correa Ríos como su colega Graciela Torres Garma recibieron una amonestación pública tras ser acusados de grabar videos en instalaciones restringidas del Poder Judicial durante horas laborales, con el propósito de impulsar sus campañas por la reelección. Esta irregularidad fue denunciada en el marco de un proceso electoral que busca garantizar la transparencia y la equidad.
El TEEY emitió su sentencia el 24 de julio, poco más de un mes antes de que ambos magistrados finalizaran su mandato en el TSJE. En su resolución, el tribunal dejó claro que había pruebas suficientes para justificar la amonestación pública, lo que marcó un precedente en la regulación del uso de recursos públicos en campañas judiciales.
Al abordar las impugnaciones de Correa Ríos, la Sala Superior decidió desecharlas de plano, argumentando que fueron presentadas de manera extemporánea. Esto significa que ni siquiera se consideró el fondo del asunto, ya que se determinó que la presentación de la demanda fue fuera del plazo permitido. La magistrada presidenta, Mónica Soto Fregoso, estuvo a cargo de la revisión de los expedientes correspondientes a las impugnaciones.
Según la ley, los plazos para presentar impugnaciones comienzan a contar desde el día siguiente a la notificación de la sentencia. En este caso, la notificación a los implicados se realizó el 23 de julio, y el plazo de cuatro días para presentar cualquier recurso expiró el 28 de julio. Sin embargo, Correa Ríos presentó sus impugnaciones el 29 de julio, lo que llevó a la Sala Superior a declarar su preclusión.
Aunque la impugnación presentada por Graciela Torres también sigue pendiente de resolución, se espera que enfrente un destino similar al de su compañero, dado que su situación se encuentra en las mismas condiciones. La situación pone de manifiesto la importancia de la vigilancia en el uso de recursos públicos, especialmente en el ámbito judicial, donde la independencia y la integridad son principios fundamentales.
Este caso resalta la necesidad de una mayor regulación y control en el uso de recursos por parte de funcionarios públicos, así como la responsabilidad que tienen los magistrados y otros actores del sistema judicial de actuar conforme a la ley y a los principios éticos que rigen su labor.
