Congreso aprueba Registro Estatal para garantizar pensiones alimenticias
El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la creación del Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, un mecanismo clave que concentrará la información de padres o tutores deudores y acreedores en materia alimentaria. Esta acción busca proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes asegurando el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
La propuesta fue presentada por Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, y recibió el respaldo total de las diferentes fuerzas políticas. La legisladora enfatizó que este registro establecerá normas claras para garantizar que quienes tienen la responsabilidad de proveer alimentos cumplan a cabalidad su deber.
“Con el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias se establecen los mecanismos de protección para nuestras niñas, niños y adolescentes”, afirmó Pámanes.
Impacto directo en procesos electorales
Una de las novedades más relevantes es que las personas inscritas como deudores alimentarios no podrán postularse para cargos de elección popular. Esto se sustenta en la reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, que ahora contempla sanciones concretas para aquellos incumplidos en esta obligación.
“El registro servirá también en procesos electorales porque ninguna persona dentro de este podrá ser postulada a un cargo popular”, explicó Pámanes, dejando claro que esta medida garantiza que quienes quieran representar a la ciudadanía estén al día con sus responsabilidades familiares.
Funcionamiento y próximas etapas
Este registro unificará los datos de deudores y acreditados, generando certificados de no inscripción a solicitud de las partes interesadas. La herramienta facilitará la identificación y seguimiento de casos, fortaleciendo los mecanismos de protección para los menores afectados.
Con esta aprobación, las autoridades estatales y judiciales contarán con un instrumento eficaz para frenar el incumplimiento en pensiones alimenticias, un problema que afecta directamente la estabilidad y bienestar de miles de familias mexicanas.
¿Qué sigue?
Las autoridades estatales deberán implementar el registro a la brevedad y garantizar su operación transparente. Será clave vigilar que la base de datos se mantenga actualizada y que los procesos electorales próximas respeten las restricciones establecidas.
Por ahora, esta medida representa un paso decisivo para acabar con la impunidad de quienes evaden sus responsabilidades alimentarias y para proteger el derecho básico de miles de niñas, niños y adolescentes en el Estado.
