La situación política en Brasil ha tomado un nuevo giro con la decisión de la Corte Suprema de imponer una tobillera electrónica al ex presidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por golpismo. Esta medida, adoptada el 15 de marzo por el juez Alexandre de Moraes, busca garantizar el control de sus movimientos y evitar cualquier intento de fuga. La resolución se produce en medio de la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha cuestionado el proceso judicial en curso.
El magistrado Moraes argumentó que Bolsonaro incurrió en “obstrucción de la justicia” al, supuestamente, inducir y auxiliar a un gobierno extranjero para llevar a cabo actos hostiles contra Brasil. Esta mención se refiere a la amenaza de Trump de imponer aranceles del 50% si el país no detiene lo que él considera una “caza de brujas” contra su ex aliado político. La decisión de la Corte busca frenar cualquier intento de Bolsonaro de afectar su juicio a través de influencias externas.
Tras la colocación de la tobillera en la sede de la Policía Federal, se establecieron nuevas restricciones para el exmandatario. Deberá permanecer en su domicilio durante la noche y tiene prohibido usar sus redes sociales o comunicarse con diplomáticos extranjeros. Además, no podrá acercarse a embajadas o a otros acusados, entre ellos su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace varios meses.
La actividad de Eduardo ha sido objeto de atención, ya que ha mantenido contactos con figuras cercanas a Trump y funcionarios del Departamento de Estado en busca de “justicia” para su padre. Según Moraes, los esfuerzos del hijo del ex presidente, financiados por Bolsonaro, constituyen un “intento ostensible de someter el funcionamiento del Supremo a Estados Unidos”. Esta estrategia ha despertado preocupaciones sobre la posible injerencia extranjera en la justicia brasileña.
Al salir de la sede policial, Bolsonaro se refirió a su situación como una “suprema humillación”. Reiteró su inocencia y defendió su postura al afirmar que el juicio en su contra es estrictamente político. “No he conspirado contra la democracia”, insistió, recordando su derrota ante el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022. Aunque admitió haber explorado alternativas “en la Constitución” para cuestionar el resultado electoral, subrayó que ninguna acción se materializó.
“Quieren criminalizar el pensamiento”, declaró Bolsonaro, aludiendo a las acusaciones en su contra.
A pesar de las restricciones impuestas, Bolsonaro mencionó que había “sugerido” viajar a Estados Unidos, aunque su pasaporte se encuentra retenido por la justicia. Aclaró que su intención no era huir, sino “negociar” con Trump sobre cuestiones arancelarias, en virtud de su relación cercana con el líder republicano. “Él está en Estados Unidos luchando por democracia y libertad”, añadió en referencia a su hijo.
Este conflicto entre Bolsonaro y el sistema judicial brasileño no solo resalta las tensiones internas en el país, sino que también pone de manifiesto la influencia que líderes extranjeros pueden tener en la política local. La situación continúa desarrollándose y es un claro reflejo de los desafíos que enfrenta Brasil en su camino hacia la estabilidad democrática.
