Nuevos reportes confirman una grave crisis en la infraestructura policial en Perú, con al menos el 40 % de las comisarías catalogadas como inhabitables por la Contraloría General de la República, afectando directamente la seguridad y atención ciudadana.
En Lima, la situación es crítica: en la comisaría de Surquillo, el techo se desplomó dejando tres policías heridos. Por su parte, la sede de Piedra Liza, en el Rímac, presenta grietas profundas en columnas y techos al borde del colapso. Esta comisaría atiende denuncias en plena vía pública por la falta de espacio adecuado y no cuenta con agua potable, pues el líquido debe ser llevado en baldes desde fuentes externas.
Además, otras comisarías como Pamplona 1, Villa Chorrillos, Lurín y Petit Thouars también forman parte de una lista de sedes en riesgo. En San Pedro, San Lorenzo de Quinti (Huarochirí), San Vicente de Cañete y la DEPINCRI del Cercado de Lima se detectaron daños estructurales similares que ponen en peligro la integridad física del personal policiaco y limitan la capacidad de respuesta ante emergencias.
Fallas severas y déficit en equipamiento
La comisaría de Independencia destaca por tener puertas deterioradas que no garantizan seguridad, suministro eléctrico inestable y vehículos policiales abandonados e inoperativos. El déficit en equipo tecnológico es alarmante: en varias unidades faltan computadoras, baterías para radios y materiales básicos para procesar denuncias.
La Contraloría reveló que estos problemas se deben en parte a la baja ejecución del presupuesto. De los aproximadamente S/ 960 millones asignados a la PNP para infraestructura, solo se ha invertido el 20 %, lo que ha frenado proyectos de rehabilitación y construcción de nuevas sedes. Las autoridades estatales han insistido en la urgente reestructuración y aceleración del gasto para mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad de los policías.
Impacto directo en la seguridad y atención ciudadana
La precariedad de las comisarías no solo afecta la moral y seguridad del personal, sino que pone en riesgo la privacidad y protección de la ciudadanía que acude a denunciar delitos. Los baños clausurados por daños irreparables y la falta de servicios básicos dificultan la operatividad diaria.
“Es imprescindible reorientar la gestión presupuestal y priorizar inversiones para revertir el deterioro crítico de la infraestructura policial”, señalaron autoridades de la Contraloría General de la República.
Expertos y organismos de control urgen a que se implementen medidas inmediatas para evitar un colapso mayor que pueda derivar en una crisis de seguridad pública. Se espera que en los próximos días las autoridades policiales y gubernamentales presenten un plan concreto para la ejecución del presupuesto pendiente y la rehabilitación de las comisarías más afectadas.
La crisis en las comisarías de Perú es una alerta para México y otros países, mostrando la importancia de una infraestructura segura y funcional para la policía, que impacta directamente en la confianza y protección ciudadana.
Seguiremos informando los avances en esta situación que desarrolla consecuencias urgentes sobre la seguridad pública en Perú y que puede resonar en otras latitudes.
