Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo en Colombia, lanzó una alerta urgente sobre un “incentivo perverso” generado por el Gobierno colombiano que favorece el rearme y el aumento de violencia en el país. Según Marín, el Ejecutivo de Gustavo Petro otorgó un reconocimiento político igual a exguerrilleros que cumplieron con el Acuerdo de Paz de 2016 y a quienes lo rechazaron o desertaron, agravando la situación de inseguridad.
En un diálogo con AFP desde Bogotá, la funcionaria explicó que esta equiparación envió un mensaje erróneo a grupos armados ilegales que han aprovechado esta apertura para expandirse y fragmentarse, sufriendo el país un repunte violento inédito nueve años después de la firma del acuerdo.
Violencia en alza y uso de drones explosivos
Marín detalló datos alarmantes de este 2025: 119 líderes sociales asesinados, 88 casos de reclutamiento forzoso y cerca de 85,000 personas desplazadas. La violencia ha escalado a niveles similares a los previos al acuerdo, exacerbada por el surgimiento de grupos sin ideología clara que financian sus operaciones con narcotráfico y minería ilegal, distribuidos desde las fronteras hasta costas en regiones como el Pacífico y la frontera con Venezuela.
Uno de los hallazgos más preocupantes es el uso por parte de estos grupos de drones cargados con explosivos, un arma relativamente económica y difícil de neutralizar para las Fuerzas Públicas colombianas. Estos ataques no solo han afectado a militares, sino también a civiles y menores de edad.
En respuesta, las Fuerzas Militares han comenzado a desplegar sistemas antidrones para contrarrestar esta amenaza tecnológica empleada por insurgentes y bandas criminales.
Fraccionamiento armado y falta de inversión sustentable
Marín explicó que el incremento de la violencia está ligado al “fraccionamiento de los grupos armados” que operan sin una agenda política definida y que se financian con economías ilícitas. Esta realidad también responde a la falta de inversión sostenida en las zonas más afectadas, problema heredado desde los gobiernos anteriores de Juan Manuel Santos y Iván Duque.
Las disidencias de la FARC, el ELN, el Clan del Golfo y múltiples bandas criminales se disputan actualmente el control de las rutas de narcotráfico y corredores estratégicos, consolidando un escenario de alta tensión que amenaza la estabilidad regional.
Mercenarios colombianos y ausencia de justicia efectiva
Otro aspecto crítico que mencionó la defensora es la participación de exmilitares colombianos como mercenarios en conflictos internacionales. Esta situación está vinculada a la ausencia de una política efectiva de reintegración y judicialización de miembros de la Fuerza Pública implicados en graves violaciones a derechos humanos.
Marín recordó que algunos de estos exuniformados, investigados en Colombia por ejecuciones extrajudiciales, fueron señalados en la investigación por el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021. “Colombia sigue siendo una fuente de mano de obra disponible y tristemente exportable a zonas de guerra alrededor del mundo,” advirtió.
Panorama crítico y llamado a acción inmediata
Con menos de un año para que finalice el mandato de Petro, aún no se han alcanzado acuerdos sustanciales para frenar esta espiral de violencia, mientras siguen aumentando los índices de asesinatos y desplazamientos. La defensora Iván extendió su preocupación sobre la rápida expansión armada y la creciente sofisticación de métodos violentos usados por estos grupos.
En este contexto, la seguridad en Colombia sigue siendo una prioridad crítica con implicaciones regionales, especialmente para países como México, que enfrentan retos similares con violencia armada y crimen organizado.
La situación revelada por la Defensoría del Pueblo subraya la urgencia de revisar las políticas públicas y comprometer recursos estratégicos para desmantelar efectos nocivos y restaurar la paz duradera en las zonas afectadas.
