Las autoridades en Florida desmantelaron una banda delincuencial conformada por migrantes colombianos que robaban residencias exclusivas haciéndose pasar por jardineros y empleados de mantenimiento.
Este operativo fue revelado tras la difusión de un video captado por los sistemas de seguridad de las viviendas, donde se observa a dos sujetos vestidos con uniformes de jardineros ingresar por la parte trasera de una casa, y salir 30 minutos después con varias bolsas cargadas con objetos de alto valor, incluidos bolsos y zapatos que suman miles de dólares.
Detención y modus operandi
Los cinco detenidos —Wendy Farías Suárez, Laura Pedraza Sarmiento, Johan Beltrán Prieto, Julio Lozano Trujillo y Elkin Cubillos Jiménez— serán presentados ante la corte del condado de Orange, en Florida, donde enfrentarán cargos por robo residencial, hurto mayor y daño criminal. Según las autoridades, tras concluir el proceso penal los migrantes podrían ser transferidos a custodia federal para iniciar procedimientos migratorios.
El modus operandi de esta red criminal incluía el uso de uniformes, mapas detallados de los vecindarios y cámaras ocultas para monitorear cuándo las casas estaban vacías. Además, se pudieron identificar a sus cómplices que esperaban en los alrededores para facilitar las fugas.
Un video revelador mostraba incluso a dos de los integrantes jugando baloncesto cerca de una casa previamente seleccionada para comprobar la presencia de sensores de seguridad, acción que confirma un alto nivel de preparación para cometer los robos.
Respuesta inmediata y contexto
Gracias a las cámaras de seguridad y al apoyo con un dron por parte de las autoridades locales, se realizó una persecución que culminó en la captura de los cinco sujetos. Otros tres cómplices que participaban activamente en el esquema fueron detenidos también.
“La primera vez que llegué y vi la ventana rota y la puerta abierta, sentí que el corazón se me salía” declaró una de las víctimas a Fox News.
Este caso sucede en un marco de fuerte debate público impulsado por el gobierno de Donald Trump, quien ha relacionado la crisis migratoria con el incremento de delitos como el robo. Las autoridades aprovechan estos casos para fortalecer sus argumentos y acciones en materia de seguridad y migración.
Consecuencias legales y penas
Los delitos de robo a vivienda ocupada pueden acarrear penas de hasta 30 años de prisión, mientras que el hurto mayor puede sumar hasta 15 años adicionales si el valor robado supera ciertos límites. Los daños materiales también agravan las sentencias.
Por tratarse de personas con órdenes de detención emitidas por ICE, tras cumplir su sentencia penal, serán sometidos a procesos de deportación en cortes de inmigración federales.
Este incidente sirve como alerta sobre los métodos cada vez más sofisticados que utilizan las bandas criminales para ingresar a hogares en zonas exclusivas, y sobre la necesidad de mantener vigilancia estricta en comunidades residenciales.
Las autoridades continúan con la investigación y el seguimiento de posibles cómplices, y se esperan más anuncios oficiales a medida que avance el proceso judicial.
Para la comunidad mexicana y latinoamericana en Estados Unidos, este caso refleja los riesgos y complicaciones que pueden surgir, reafirmando la importancia de mantenerse informados y contar con medidas preventivas ante este tipo de delitos que pueden ocurrir en cualquier vecindario.
