Reforma a Ley de Amparo debilita derechos ciudadanos y favorece al gobierno, advierte diputada
La diputada Rocío Rebollo Mendoza lanzó una fuerte advertencia sobre la reforma a la Ley de Amparo, señalando que representa un retroceso grave en la protección de los derechos de los ciudadanos frente al Estado.
Durante un discurso en la Cámara de Diputados, la legisladora priista afirmó que la modificación no protege a la ciudadanía, sino que beneficia al gobierno, debilitando uno de los mecanismos jurídicos más importantes para defender a los particulares ante posibles abusos.
Reforma aprobada sin debate profundo y con riesgos para ciudadanos
La iniciativa fue aprobada por mayoría automática y regresada al Senado, pero para Rebollo Mendoza se trata de un paso hacia la construcción de un gobierno autocrático que reduce el equilibrio de poderes y limita los contrapesos institucionales fundamentales para la democracia mexicana.
Advirtió que el análisis público se ha centrado solo en el artículo transitorio que plantea la aplicación retroactiva de la ley, dejando de lado temas estructurales que requieren un debate técnico y político mucho más profundo.
“El análisis debe ir más allá de la retroactividad. Debemos discutir la redefinición del interés legítimo, restricciones a las suspensiones, el cumplimiento de sentencias y los efectos sociales y jurídicos reales de la reforma”
Estas declaraciones las hizo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que cuestionó la rapidez con la que se desarrollaron los foros de Parlamento Abierto, sin tiempo suficiente para escuchar expertos ni valorar el impacto real de los cambios.
Ciudadanos quedan vulnerables frente al Estado, alerta diputada
Rebollo Mendoza subrayó que el juicio de amparo es un litigio de derecho público donde la contraparte es siempre el Estado, por lo que quedaría gravemente afectado el equilibrio a favor del poder público en detrimento de los ciudadanos.
Destacó con preocupación que al poner más requisitos para obtener suspensión en casos fiscales o financieros, se deja indefenso al contribuyente. Por ejemplo, un error administrativo podría significar millonarias pérdidas sin posibilidad de defensa inmediata.
La diputada explicó que sin la suspensión provisional, el ciudadano quedaría “culpable de facto”, al no poder detener los efectos de una resolución de autoridad mientras se tramita el juicio, algo que representa un golpe directo a los derechos fundamentales.
¿Qué sigue tras la polémica reforma?
Con la reforma vuelta al Senado, el debate político continuará con el foco en ajustar o reconsiderar aspectos clave como la retroactividad y las restricciones a la suspensión de actos jurídicos. Expertos y legisladores piden mayores espacios de diálogo para evitar que un mecanismo centenario como el amparo se convierta en un instrumento limitado y poco accesible.
Esta reforma llega en un contexto donde la defensa judicial ciudadana contra actos arbitrarios del Estado es más necesaria que nunca, y la ciudadanía observa con alarma los cambios que podrían quitarles una herramienta vital para resguardar sus derechos.
Lo que está en juego es el futuro del amparo como escudo del pueblo mexicano y la garantía del equilibrio democrático frente a un Estado con poderes crecientes.
