Toluca, Estado de México. El diputado Maurilio Hernández González (Morena) presentó una iniciativa que busca eliminar el requisito de la caución para tesoreros municipales en el Estado de México, medida que promete agilizar la gestión pública y modernizar la fiscalización local.
La propuesta, que está en etapa de análisis en el Congreso local, plantea derogar el artículo de la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Fiscalización Superior que obliga a los tesoreros a garantizar, a través de caución, el manejo responsable de los fondos municipales.
Desde 2016, indicó Hernández González, las leyes federales y estatales en materia de contabilidad gubernamental, fiscalización y anticorrupción han instaurado sistemas robustos de supervisión que hacen innecesario este requisito. Además, los sistemas anticorrupción cumplen con tareas clave como prevención, detección y sanción de irregularidades en la administración pública.
Fin a una práctica obsoleta y facilidades para tesoreros
Actualmente, según explicó el diputado, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) tiene la facultad de emitir criterios para otorgar estas garantías o cauciones, lo que representa una desviación de su función principal de auditar y revisar cuentas públicas de forma independiente.
La iniciativa sostiene que estas tareas corresponden a las áreas administrativas y jurídicas internas de los gobiernos municipales y que existe una normativa clara que regula la emisión de garantías a través de instituciones de seguros y fianzas.
Con la derogación de la caución, los tesoreros municipales estarán liberados de este trámite financiero que equivalía a caucionar un monto equivalente al uno por millar de los ingresos propios del municipio y de las participaciones federales y estatales recibidas en el último ejercicio fiscal.
Impacto inmediato en la administración municipal y la ciudadanía
La eliminación de la caución simplifica el trabajo de las tesorerías municipales al eliminar responsabilidades redundantes y costos asociados, permitiendo que los funcionarios se concentren en la gestión eficiente de los recursos públicos.
Para los ciudadanos, esta reforma representa un paso hacia una mayor transparencia y supervisión efectiva del manejo de los fondos sin que se debilite la fiscalización, ya que el OSFEM continuará con sus funciones rigurosas de auditoría y control.
Maurilio Hernández González: “Esta reforma elimina obstáculos administrativos y fortalece la responsabilidad y control mediante mecanismos actuales, transparentes y eficaces.”
La iniciativa ya ha comenzado a generar debate entre legisladores y actores políticos, quienes evaluarán su impacto en la administración pública local y su alineación con las políticas anticorrupción vigentes.
¿Qué sigue?
El Congreso del Estado de México discutirá la propuesta en comisiones para avanzar hacia una actualización normativa que refleje la modernización del sistema de fiscalización y control público. En las próximas semanas se espera la presentación de informes técnicos y opiniones que definirán el futuro de esta reforma.
Con esta propuesta, el Estado de México busca posicionarse a la vanguardia en prácticas administrativas que garanticen eficiencia, legalidad y transparencia en el manejo de recursos públicos municipales, alineándose a los estándares nacionales y globales.
