Las principales organizaciones ecologistas de España han manifestado su rechazo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un plan de inversión de casi 13.000 millones de euros destinado a la modernización y ampliación de la red de aeropuertos gestionados por Aena. Según estas organizaciones, esta iniciativa no solo contradice los compromisos climáticos asumidos por el país, sino que también responde a intereses de grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo.
En un evento realizado en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, Sánchez describió esta estrategia como la mayor inversión en la red aeroportuaria española en las últimas décadas, prometiendo un aumento en la competitividad y la creación de empleo. Sin embargo, grupos como Greenpeace, WWF, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, y SEO/BirdLife argumentan que esta medida refuerza el transporte aéreo, el cual es uno de los sectores más contaminantes, recordando que España se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 42% para 2030, comparado con 2005.
Las organizaciones ecologistas afirman que este anuncio es incompatible con la lucha contra la emergencia climática y que representa un retroceso en los esfuerzos por disminuir las emisiones del sector del transporte. Este sector, explican, contribuye con un 32,6% al total de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.
El proyecto incluye intervenciones en trece aeropuertos, entre los que se encuentran Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote, Madrid, Barcelona, Málaga, Melilla, Valencia, Alicante, Santander, Bilbao, Menorca e Ibiza. Estas organizaciones sostienen que el plan fomentará un incremento en el número de vuelos, lo que a su vez aumentará las emisiones contaminantes, afectando tanto al clima como a la salud pública y a la biodiversidad local.
Asimismo, se citan estudios de la ONG europea Transport & Environment, los cuales indican que la contaminación generada por los aviones podría ser responsable de más de 52.000 casos de hipertensión y 64.000 de diabetes en áreas cercanas a los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca. Estos informes también sugieren que las poblaciones adyacentes a los aeropuertos enfrentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud.
Las organizaciones ecologistas también mencionan que el transporte aéreo en España fue el segundo con más emisiones en toda la Unión Europea en el año 2024, generando 22,6 millones de toneladas de CO2, lo que equivale a casi la mitad de las emisiones de Suecia en ese mismo año.
Finalmente, critican que la expansión de los aeropuertos responde a los intereses de grandes capitales inmobiliarios y del turismo masivo, lo que provoca la expulsión de residentes, la destrucción del comercio local y el aumento de la precariedad laboral en las áreas afectadas. Un caso emblemático es el de la laguna de la Ricarda y el Delta del Llobregat, cuya preservación podría verse amenazada por la expansión de infraestructuras en el aeropuerto de El Prat.
Frente a esta situación, las organizaciones demandan al Gobierno la suspensión indefinida de cualquier plan que contemple el aumento de la capacidad aeroportuaria, incluyendo la ampliación de pistas, la construcción de nuevas terminales y las conexiones ferroviarias que faciliten el transporte aéreo. Abogan por eliminar los vuelos de corta distancia siempre que exista una alternativa ferroviaria viable, y enfatizan la necesidad de reorientar la política de movilidad del país hacia modos de transporte con menor huella ambiental y que sean accesibles para toda la población.
