La lucha por el derecho a la información se enfrenta a nuevos desafíos en México, especialmente tras la eliminación de los organismos autónomos encargados de garantizar este acceso. Después de más de cuatro millones de solicitudes de acceso a la información a nivel federal, y decenas de miles a nivel local desde 2004, la sociedad se encuentra ante un nuevo panorama que genera más incertidumbre y dudas.
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), que jugó un papel fundamental en la defensa de este derecho, ha sido disuelto, y ahora sus funciones serán asumidas por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Este cambio ha sido criticado por académicos y especialistas en transparencia, quienes advierten que se trata de un retroceso significativo en la lucha por una democracia robusta y accesible.
José Carlos Nava, coordinador de la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana Torreón, señala que la eliminación de los órganos garantes ha debilitado los contrapesos institucionales que existían en el país. “Los órganos garantes funcionaban como un contrapeso ante el poder establecido, y ahora, con este nuevo diseño institucional, nos acercamos a una ‘persianización’ del poder”, comenta con preocupación.
Por su parte, Luis González Briseño, expresidente del ICAI, enfatiza que es crucial que los ciudadanos sean más exigentes en sus solicitudes de información. Esto implica no solo pedir datos generales, sino cuestionar los mecanismos detrás de las decisiones gubernamentales. “Es esencial saber cómo se invierten los recursos, no solo cómo se gastan”, subraya, añadiendo que la falta de especificidad en las solicitudes podría llevar a la negativa de información.
El académico Miguel Ángel Ordaz también critica la tendencia a gobernar por decreto, afirmando que esto anula el papel de la ciudadanía como mandante de los funcionarios públicos. “No nos hemos asumido como quienes otorgamos mandato a los gobernantes”, señala, subrayando la necesidad de que la ciudadanía se empodere y exija rendición de cuentas.
La colaboración entre diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la academia y los medios de comunicación, se presenta como una estrategia necesaria en este contexto. Priscila Cárdenas, periodista especializada en transparencia, destaca la importancia de trabajar en sinergia para fortalecer el acceso a la información. “Los académicos y organismos de la sociedad civil han sido grandes aliados del periodismo de investigación, y hoy más que nunca debemos estar unidos”, comenta.
Ante la desaparición de los órganos garantes, el juicio de amparo se convierte en la principal vía para que los ciudadanos impugnen la clasificación de información por parte de la autoridad. En Coahuila, por ejemplo, se ha documentado un aumento en la discrecionalidad de las reservas de información, con casos que van desde la deuda del Estado hasta gastos en eventos públicos. Según datos del ICAI, se interpusieron 10,982 recursos de revisión en su historia, lo que refleja la resistencia de algunas dependencias a proporcionar información pública.
Con el nuevo modelo de impugnación, los ciudadanos se enfrentarán a un proceso más complejo y lento, en el que los jueces federales especializados en amparo serán los encargados de decidir sobre la entrega de información. “Esto significa que la transparencia ya no es solo un asunto entre gobierno y ciudadano, sino que involucra también a los tribunales”, explica González Briseño.
Los retos son significativos, pero también hay oportunidades para que la sociedad se involucre más activamente en el proceso. Ordaz menciona que es vital que los ciudadanos conozcan sus derechos y las obligaciones de los entes públicos. “El derecho de acceso a la información no es solo un tema individual, sino colectivo”, enfatiza, sugiriendo que la transparencia debe ser promovida de manera activa.
Sin embargo, la eliminación del ICAI y la transferencia de funciones a una secretaría que ha sido criticada por su falta de independencia plantea serias dudas sobre el futuro de la transparencia en el país. Los especialistas advierten que el gobierno podría aprovechar esta nueva situación para reclasificar o reservar más información bajo argumentos de seguridad nacional o paz social, lo que podría limitar aún más el acceso a datos cruciales.
La desconfianza hacia el gobierno es un tema recurrente. González Briseño asegura que el problema radica en que la información no solo debe ser accesible, sino también comprensible. “Si los gobiernos no transparentan sus acciones, están sembrando desconfianza”, afirma. La necesidad de un lenguaje claro y accesible en los portales de transparencia es uno de los pendientes que ha dejado el extinto ICAI.
Con el nuevo marco legal, la sociedad debe permanecer alerta y activa en la defensa del derecho a saber. La capacitación sobre cómo solicitar información y entender la transparencia proactiva se vuelve crucial. “La información no debe ser una jaula de secretos, sino un espacio abierto como un cristal”, concluye Nava, abogando por un régimen donde la transparencia sea la norma y no la excepción.
El camino hacia la transparencia en México es incierto y está lleno de obstáculos, pero la participación activa de la sociedad civil, la academia y los medios puede marcar una diferencia significativa en la lucha por el derecho a la información. La responsabilidad recae no solo en los gobiernos, sino también en cada ciudadano que busca un acceso real a la verdad.
