Los últimos desarrollos sobre el destino de Israel ‘El Mayo’ Zambada generan inquietud en México, ya que Estados Unidos no ha proporcionado detalles sobre cómo este líder del Cártel de Sinaloa fue trasladado a su territorio. En una reciente declaración, la fiscal Pam Bondi reafirmó que Zambada, quien se declaró culpable en una corte en Nueva York, enfrentará una condena de cadena perpetua el 13 de enero de 2026. Aunque Estados Unidos ha decidido no solicitar la pena de muerte, Bondi aseguró que “El Mayo vivirá como si estuviera condenado a muerte”.
La administración de Claudia Sheinbaum ha solicitado explicaciones al gobierno estadounidense sobre el traslado de Zambada, quien, según el fiscal de la República Alejandro Gertz Manero, podría haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio Guzmán. Durante una conferencia, Sheinbaum manifestó: “Seguimos insistiendo en cómo fue que este miembro de la delincuencia organizada llegó a Estados Unidos”.
En respuesta a las inquietudes de México, Bondi destacó la colaboración de las autoridades mexicanas en la captura de 29 capos enviados a EE. UU. en este mes, pero se negó a entrar en detalles sobre el caso de Zambada, diciendo: “No vamos a comentar especificaciones de ninguna investigación”.
El acuerdo de culpabilidad de Zambada se produjo dos semanas después de que se anunciara que no se buscaría la pena capital en su contra. Su abogado, Frank Perez, indicó que Zambada no estaba interesado en ir a juicio y que su enfoque cambió a aceptar la responsabilidad tras la eliminación de la pena de muerte. Este desarrollo ocurre en un contexto donde la Casa Blanca ha intensificado su lucha contra el narcotráfico, clasificando a los cárteles como organizaciones terroristas y presionando a México para que entregue a varios de sus líderes.
Tras su arresto, que desencadenó violencia en Sinaloa entre sus seguidores y los de los hijos de Guzmán, Perez aseguró que Zambada ha hecho un llamado a evitar más enfrentamientos en el futuro. Con el país en vilo, el desenlace de este caso promete impactar no solo a la política de seguridad en México, sino también a la percepción pública sobre la lucha contra el narcotráfico.
Con información de AP, la situación se mantiene en desarrollo, y la presión sobre las autoridades estadounidenses por más claridad sigue en aumento.
