La FGR lanza investigación masiva por huachicol fiscal
La Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado una indagatoria sobre un escándalo de huachicol fiscal que involucra a cientos de empresas, muchas de ellas ubicadas en Monterrey. Según la FGR, se han identificado 555 empresas transportistas y gasolineras que podrían estar implicadas en este delito, lo que genera preocupación sobre el impacto económico que esto podría tener.
Empresas y figuras clave en la mira
Entre las empresas señaladas se encuentran Energéticos San Roberto, Marvic Petroleum, Energéticos Citrícola y Autotransportes de Carga Especializada Marvic. Además, el empresario regiomontano Miguel A. Lazalde también figura en la lista, así como las gasolineras Millenium y Petrolíferos Lobo, que operan en Nuevo León. La FGR también investiga a Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, ex asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Redes de huachicol en puertos estratégicos
Funcionarios de la FGR han revelado que al menos ocho puertos en el país están bajo el control de redes de huachicoleros, facilitando el contrabando de combustible. Estos puertos incluyen Altamira en Tamaulipas, Veracruz, Ensenada en Baja California, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Guaymas en Sonora, La Paz en Baja California Sur, Cancún en Quintana Roo y Mazatlán en Sinaloa.
Consecuencias económicas del huachicol fiscal
El término huachicol fiscal se refiere a la evasión y el fraude fiscal mediante la importación de combustibles, y su impacto es significativo, ya que reduce los ingresos del gobierno y limita la inversión en servicios públicos. Según expertos, este tipo de fraude afecta la economía del país, exacerbando problemas de recaudación y transparencia fiscal.
Medidas para combatir el fraude
Las autoridades han implementado diversas estrategias para combatir el huachicol fiscal, buscando aumentar la recaudación y mejorar la transparencia en el sector. Sin embargo, la magnitud de la red involucrada en estas prácticas ilícitas plantea un desafío considerable para la FGR y otras instituciones encargadas de la supervisión fiscal.
Este desarrollo está en evolución y se espera que la FGR continúe su investigación, con potenciales repercusiones legales para los involucrados. La situación se monitorea de cerca, ya que podría llevar a nuevas regulaciones y un mayor control en el sector energético.
