Francisco Sánchez garantiza certificados médicos para deslindar responsabilidad por muertes en penal
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez González, aseguró esta semana contar con los certificados médicos que acreditan el estado de salud de los dos internos fallecidos en el penal de San Miguel, lo que le permite deslindar cualquier responsabilidad durante su estadía en el reclusorio.
La afirmación surge tras la recomendación pública de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) por las muertes ocurridas el sábado 11 de octubre, donde se reportó que el interno Constantino N, ingresado el 24 de septiembre, fue trasladado a una celda en el área C el 7 de octubre y falleció tres días después.
La CDH alertó sobre heridas en la cabeza, pies y manos de Constantino, sin embargo, el reporte oficial indicó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio. Aun así, se anunció que se realizarán diligencias para esclarecer los hechos, mientras que en otro caso, el interno Arturo N murió en el Centro de Observación y Clasificación, presuntamente por causas naturales, aunque circulan señalamientos sobre sobredosis y violencia.
Fiscalía General del Estado tomará cartas en el asunto
Sánchez González recalcó que la Fiscalía General del Estado (FGE) será la encargada de deslindar responsabilidades, y que la Secretaría de Seguridad Pública garantiza que el ingreso de internos se realiza con un certificado de salud oficial válido.
“Estamos listos para que se lleven a cabo las investigaciones y se determine la responsabilidad de cada quien. No estamos solapando a nadie”, afirmó el secretario en defensa de los protocolos vigentes.
El funcionario también informó que tuvo comunicación con la presidenta de la Comisión para revisar ambos casos y confirmó que existen informes periciales y las pruebas médicas correspondientes para cada interno.
La atención y manejo de estos incidentes en penales de Puebla ha generado polémica en la opinión pública, especialmente ante las denuncias de posibles negligencias o violencia al interior de los centros penitenciarios. La reacción inmediata de autoridades busca evitar mayor escalada y garantizar transparencia en las investigaciones.
Próximos pasos y vigilancia ciudadana
En el contexto de estos sucesos, la sociedad espera respuestas claras y resultados contundentes de la FGE sobre la verdad de las causas que provocaron estos decesos. La Secretaría de Seguridad Pública se mantiene firme en la defensa de sus procedimientos y en la colaboración con organismos como la CDH.
El monitoreo sobre la situación en penales y la salud de los reclusos seguirá siendo prioridad para las autoridades estatales, en un momento en que la seguridad y los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios se encuentran bajo estrecha vigilancia nacional.
Los próximos días serán clave para conocer avances en las diligencias oficiales y las posibles sanciones a responsables si las investigaciones lo dictaminan.
