Gobernadora Nahle en el ojo del huracán tras inundación en Poza Rica
La gobernadora Rocío Nahle enfrenta una crisis política grave luego de que las fuertes inundaciones en Poza Rica evidenciaran su falta de preparación y conocimiento de la situación en tiempo real. En una entrevista concedida la misma mañana del desastre, Nahle minimizó la tragedia cuando ya era una noticia viral en todos los medios, mostrando un alarmante desconocimiento del problema justo cuando ocurría.
Su imagen, ya debilitada dentro del partido Morena, se vio aún más dañada ante la revelación de que la administración estatal decidió no renovar la póliza anual contra desastres naturales que antes se contrataba para complementar el desaparecido FONDEN. Esta póliza protegía a Veracruz de la quiebra financiera frente a emergencias naturales, evitando que el estado tuviera que endeudarse para atender desastres.
Aseguradora estatal sin explicaciones claras ni respaldo financiero
En un movimiento cuestionado, la gobernadora anunció en mayo la creación de una aseguradora estatal llamada Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), cuya existencia y funcionamiento son un misterio. Según el decreto publicado, esta entidad sería un organismo descentralizado con personalidad jurídica propia, adscrito a la Secretaría de Finanzas y Planeación, encargado de garantizar seguros para trabajadores estatales y brindar cobertura a desastres naturales.
Lo alarmante es que no hay información clara sobre cómo se financiará esta aseguradora ni si cuenta con la aprobación de las autoridades hacendarias. Su modelo pareciera el de un intermediario que recibe recursos del gobierno para luego devolverlos en caso de siniestros, sin evidencias de su operatividad o respaldo real.
El gobierno estatal no ha desmentido oficialmente la falta de renovación de la póliza tradicional ni la creación efectiva de la AVSI, lo que ha generado un fuerte escepticismo sobre si esta aseguradora es una mera fachada para favorecer intereses particulares. Esta incertidumbre llega justo cuando Veracruz enfrenta graves daños por las inundaciones y necesita recursos y apoyos claros e inmediatos.
Contexto político y judicial: Caso Claudia Sheinbaum y quejas en INE
En paralelo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió no imponer medidas cautelares contra la Presidenta Claudia Sheinbaum tras la queja interpuesta por la bancada del PAN por actos que podrían violar la Constitución, como presentar su informe de gobierno en 20 estados.
La Comisión argumentó que no se puede revertir un acto consumado como el informe del 5 de octubre ni imponer medidas sobre futuros informes inciertos. Sin embargo, dejó la resolución de posibles usos indebidos de recursos públicos a la Sala Superior del TEPJF, en una causa que genera expectativa por la probable resolución a favor del gobierno en turno.
Por qué importa esta crisis en Veracruz
Las inundaciones en Poza Rica no solo han dejado pérdidas materiales y humanas; también exponen la fragilidad institucional y de gestión en Veracruz. La falta de póliza vigente para desastres y la opacidad en la nueva aseguradora elevan el riesgo de que el estado quede sin recursos suficientes para atender esta y futuras emergencias.
El clima político en Veracruz se agrava con la mala calificación de Nahle y el descrédito generado por su manejo superficial del desastre. La ciudadanía reclama respuestas claras y acciones inmediatas mientras la temporada de lluvias continúa y otras regiones podrían verse afectadas.
¿Qué sigue?
Será clave observar si autoridades estatales aclaran la situación con la AVSI y cómo se dispone la emergencia financiera para atender la inundación. Además, la presión política sobre Nahle aumentará conforme avances la crisis y se confirme la falta de protección financiera frente a desastres.
Por otro lado, la resolución final del TEPJF sobre el caso Sheinbaum marcará el tono político nacional respecto a límites y controles en el manejo de recursos públicos durante procesos electorales y presentaciones de informes de gobierno.
La crisis en Veracruz ofrece un ejemplo palpable de los riesgos de una administración estatal debilitada en materia de desastres y finanzas públicas en plena temporada crítica, con amplias repercusiones sociales y políticas para la región.
