Gobierno de Nuevo León desafía al Congreso con controversias constitucionales ante Suprema Corte
El gobernador Samuel García Sepúlveda acaba de activar una nueva crisis política y legal al presentar dos controversias constitucionales en contra del Congreso Local de Nuevo León, después de que el Poder Legislativo no cumpliera con los plazos para aprobar reformas cruciales en materia de Reforma Judicial y Transparencia.
La controversia fue turnada a las ministras Lenia Batres y Sara Irene Herrerías de la Suprema Corte de la Nación, dándole un ligero plazo a la Legislatura para que avance en ambos temas de inmediato. La disputa se intensifica porque los diputados dejaron vencer el plazo para modificar las leyes establecidas para estas reformas, desatando una confrontación directa con el Ejecutivo estatal.
Plazos vencidos y reforma en pausa
El Congreso Local tenía 180 días naturales desde la entrada en vigor del decreto para realizar cambios en la Reforma Judicial, plazo que expiró el 15 de marzo. Sin embargo, la comisión encargada sigue analizando la iniciativa sin dictamen aprobado. Los legisladores han retrasado la aprobación argumentando que buscan mejorar la reforma para evitar fallas como las ocurridas a nivel federal, donde hubo poca participación ciudadana en la selección de jueces.
Por otro lado, el plazo para homologar la Transparencia venció el 21 de marzo, tras 90 días naturales desde la entrada en vigor del decreto, pero no se ha avanzado. El Congreso alega que la comisión respectiva sigue en mesas de trabajo para definir los detalles y promover el tema con el público en general, para incentivar mayor interés ciudadano en las obras estatales.
El gobierno pide intervención urgente
En la documentación entregada a la Suprema Corte, el gobernador García Sepúlveda solicitó que el tribunal instruya al Congreso para avanzar a la brevedad en ambos puntos, resaltando la importancia de estos cambios para garantizar justicia y transparencia en Nuevo León.
“El Congreso de la Unión tendrá un plazo de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento a éste”, señala el Artículo Cuarto Transitorio de la Constitución local.
Implicaciones y próximos pasos
La disputa legal abre un capítulo crítico en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en Nuevo León, justo cuando la ciudadanía demanda mayor claridad y eficiencia en temas tan delicados como la selección de jueces y acceso a la información pública. El seguimiento de estas controversias en la Suprema Corte marcará la ruta legal y política en los próximos meses.
Se espera que las ministras asignadas analicen con rapidez los argumentos y definan si se ordena al Congreso acelerar las reformas o si frenan la iniciativa estatal. Todo esto mientras aumenta la presión pública y mediática para que se concrete la Reforma Judicial y se garantice la transparencia efectiva en las acciones del gobierno local.
Los habitantes de Nuevo León están atentos a esta batalla que determinará el rumbo de la gobernabilidad local y la vigencia de las reformas pendientes que afectan directamente la administración de justicia y el acceso a la información.
