El Gobierno español acaba de dar un golpe de autoridad al enviar un requiere formal a Comunidad de Madrid, Aragón y Baleares para que cumplan con la legislación vigente y creen el registro de objetores de conciencia en servicios de salud, una medida clave para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.
La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó con contundencia que “la ley se cumple” y que la creación de este registro “no es opcional”. Este anuncio llega después de que en octubre el presidente Pedro Sánchez enviara una carta a los presidentes autonómicos para recordarles la obligatoriedad de implantar la medida que busca impedir bloqueos masivos en la atención del aborto.
Hasta ahora, Asturias, Baleares, Aragón y Madrid eran las únicas autonomías que no habían desarrollado el registro, aunque Asturias ya ha comenzado con su activación y Baleares y Aragón han expresado su compromiso de acatar la ley. Madrid, en cambio, mantiene una postura desafiante. La presidenta madrileña ha rechazado la creación de lo que calificó como “listas negras”, llegando incluso a amenazar con enviar a las mujeres “a otro lado a abortar”, una declaración que ha provocado la réplica inmediata de la ministra.
“Las mujeres no nos vamos a ir a ningún sitio, las mujeres nos quedamos y vamos a ejercer nuestros derechos libremente”, señaló García con firmeza.
La ministra defendió que el registro es una “herramienta esencial” para que los derechos de los profesionales sanitarios –que pueden ejercer la objeción de conciencia de forma activa e individual– convivan con el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo bajo criterios de equidad, seguridad y respeto.
Además, García recordó que esta herramienta fue aprobada por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y que la inmensa mayoría de comunidades autónomas ya están cumpliendo o en proceso de cumplir con este mandato legal.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha descalificado la medida como “inútil” y “punitiva”, desafiando la autoridad estatal y cuestionando incluso el derecho del Gobierno central para obligarla a implementar el registro. A estas alturas, Madrid es la única región que “ha sido explícita en su incumplimiento de la ley”, según las palabras de la ministra.
El Gobierno ha fijado un plazo de un mes para que Madrid, Aragón y Baleares respondan a este requerimiento y comiencen a cumplir con la ley del aborto. De no hacerlo, el Ejecutivo está dispuesto a llevar el caso ante los tribunales para que un juez exija a estas autonomías respetar la normativa.
La ministra García no dejó de criticar a la presidenta madrileña por intentar situarse “por encima de la ley y del derecho de las mujeres”, y aprovechó para rechazar la proposición del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien sugirió crear un registro paralelo de médicos no objetores. García recordó que la objeción de conciencia debe seguir un procedimiento activo y personal para proteger los derechos tanto de profesionales como de pacientes.
Desde México, esta controversia aporta una mirada sobre cómo la tensión política afecta el acceso a derechos reproductivos esenciales que en nuestro país también se encuentran en constante debate y evolución legislativa.
En conclusión, los próximos 30 días serán decisivos para saber si estas comunidades acatan la ley y garantizan un marco sanitario plural y respetuoso, o si el conflicto se resolverá en tribunales con posibles consecuencias legales y sociales de gran impacto.
