El Gobierno argentino promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, pero de inmediato determinó suspender su ejecución por falta de financiamiento aprobado por el Congreso, confirmaron fuentes oficiales a través del Decreto 681/2025 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial.
La decisión surge horas después del rechazo al veto presidencial planteado por Javier Milei y la ratificación en ambas cámaras del Congreso a la ley original. Sin embargo, el Ejecutivo nacional, representado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, señaló que la aplicación queda pospuesta hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas en el presupuesto nacional.
Impacto Fiscal Millonario Detiene Implementación
El Gobierno advirtió que la creación de la nueva pensión para personas con discapacidad implicaría un gasto de $2.166.985.900.000 para 2025, equivalente al 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI), y una erogación adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, el 0,47% del PBI. Además, el “Programa Incluir Salud” sumaría un gasto extra de $574.200.000.000 para 2025 y $1.239.266.000.000 para 2026.
En total, la implementación completa de la ley exigiría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalentes al 0,35% del PBI, monto que supera los créditos disponibles actuales del presupuesto nacional.
Según el Ejecutivo, el Congreso omitió detallar “de manera fehaciente” la forma en que se financiarán las partidas, incumpliendo el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y el artículo 5 de la Ley N° 24.629 de Ejecución del Presupuesto Nacional.
Rechazo Previo y Ratificación del Congreso
Originalmente el Gobierno había vetado esta ley vía Decreto N° 534/25, argumentando la falta de sostenibilidad financiera y riesgo para el sistema integral de atención. Sin embargo, la Cámara de Diputados y el Senado insistieron en la sanción con mayoría especial, activando la obligación constitucional del Ejecutivo de promulgar la ley.
A pesar de la promulgación, el texto oficial enfatiza que los recursos presupuestarios vigentes no alcanzan para cubrir estos compromisos. Incluso si se destinaran todos los fondos de los tres poderes del Estado, no alcanzarían para cumplir con las obligaciones.
Readecuación Presupuestaria para Atención Inmediata
Para responder a demandas urgentes, el Gobierno dispuso también a través de la Decisión Administrativa 24/2025 un ajuste presupuestario para aumentar fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Este ajuste comenzará a regir el 1° de octubre y busca actualizar la financiación de prestadores del sistema, aunque la ley completa siga suspendida.
Este movimiento busca cubrir gastos impostergables vinculados al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, mientras el Congreso estudia y define la incorporación específica de fondos para la emergencia nacional en discapacidad.
¿Qué sigue para la Ley de Emergencia en Discapacidad?
El Ejecutivo ha formalizado la comunicación con el Congreso para exigir que se precise el financiamiento y se incluya en el presupuesto nacional. Solo una autorización legislativa para aumentar el presupuesto permitirá la ejecución plena de la ley.
Mientras tanto, las organizaciones y personas con discapacidad esperan que se concrete una solución que garantice apoyo efectivo, con la tensión latente sobre el impacto fiscal y la gestión pública que implica esta histórica legislación.
“La falta de previsión presupuestaria pone en riesgo la sostenibilidad integral del régimen de atención, afectando a quienes se busca proteger,” señala el Gobierno.
El desarrollo de esta situación sigue siendo clave para millones de personas con discapacidad y sus familias, en Argentina y con atención vigilante desde México y la región sobre políticas sociales en salud y protección.
