ACTUALIZACIÓN URGENTE: El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha solicitado una reforma inmediata a la Ley de Participación Ciudadana para que las alcaldías garanticen la transparencia en el uso de recursos destinados a proyectos de presupuesto participativo.
En una sesión extraordinaria, el consejero Ernesto Ramos destacó que, tras la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, es obligación de las alcaldías ejecutar los proyectos ganadores, pero esta etapa ha generado numerosas quejas vecinales debido a la falta de cumplimiento.
“Esta ejecución de proyectos carece de rendición de cuentas y transparencia de manera generalizada”, afirmó Ramos. “Necesitamos reformar la Ley para que las alcaldías estén obligadas a rendir cuentas, lo que incentivaría una mayor participación ciudadana”, añadió.
La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, coincidió con esta necesidad, señalando que la falta de concretización de obras desanima a la ciudadanía a participar en futuros procesos. “Definitivamente, la Ley debería prever mecanismos que aseguren la rendición de cuentas”, comentó.
Ramos propuso que el IECM tome un papel activo exigiendo información a las alcaldías para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, permitiendo que la ciudadanía tenga acceso a esta información. “Es fundamental que se establezcan sanciones para los funcionarios responsables en caso de incumplimiento, de modo que puedan aplicarse consecuencias si no entregan la información en tiempo y forma”, subrayó.
El llamado del IECM se produce en un momento crítico, donde la transparencia y la rendición de cuentas son más importantes que nunca para fomentar la confianza ciudadana en los procesos de gobierno. La necesidad de reformas legislativas se ha vuelto urgente para asegurar que el presupuesto participativo cumpla su objetivo de beneficiar a la comunidad y fortalecer la participación ciudadana en la Ciudad de México.
¿Qué sigue? El IECM espera que el Congreso de la Ciudad de México atienda esta propuesta en el corto plazo, lo que podría transformar el panorama de la participación ciudadana y la gestión pública en la capital.
