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Inversión en México se desploma por amparos y reforma al Poder Judicial

¿Quiénes se expanden en medio de la crisis.

La inversión fija bruta en México acumula una caída histórica del 7.2% y expertos vinculan esta crisis directamente con la actual gobernanza y tensiones políticas que sofocan la confianza empresarial, confirmó el Banco de México.

El detonante más preocupante para inversionistas nacionales y extranjeros es la reforma a la Ley de Amparo, recientemente aprobada y calificada como perniciosa por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), que preside Juan José Sierra. La reforma facilita el bloqueo de cuentas bancarias por reclamos fiscales y prácticamente elimina la posibilidad de impugnar créditos fiscales firmes y prescritos, poniendo en riesgo a miles de pequeñas y medianas empresas.

Además, la inseguridad jurídica crece ante presiones presidenciales para que la Suprema Corte de Justicia —dirigida por Hugo Aguilar— rechace amparos clave como los interpuestos por Ricardo Salinas Pliego contra la cobranza fiscal a su grupo empresarial, una medida que expertos ven como un atentado contra el Estado de derecho y la defensa legal.

En paralelo, el intento en el Senado para eliminar la irretroactividad de las leyes, impulsado por la consejera jurídica Ernestina Godoy y el líder morenista Adán Augusto López, profundiza la incertidumbre en el sector privado, al afectar casos específicos como el de Totalplay y Elektra bajo leyes anteriores a 2014.

Caen inversiones y crece la incertidumbre

De acuerdo con datos recientes del INEGI y declaraciones de la economista Graciela Márquez, la inversión fija bruta ha caído durante 11 meses consecutivos, acumulando una reducción del 7.2% hasta julio. Esta tendencia devastadora evidencia el deterioro del ambiente para el crecimiento económico y generación de empleo formal.

La afectación no se limita a los inversionistas, también propietarios inmobiliarios enfrentan riesgos con expropiaciones polémicas. En Campeche, el gobierno de Layda Sansores aplicó la llamada “Ley Alito” para expropiar propiedades del líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, a pesar de verificarse la legalidad de esos bienes en tribunales, lo que añade alarma sobre la certeza jurídica de la propiedad privada.

¿Quiénes se expanden en medio de la crisis?

Sólo sectores específicos logran avances, como los negocios entre Grupo Carso y Pemex, construcción de rutas ferroviarias y el megacentro de datos e inteligencia artificial CloudHQ en Querétaro. Sin embargo, estos movimientos no compensan el daño generalizado que reduce inversiones y genera temor entre empresarios y trabajadores.

En otro frente, el empresario Germán Larrea, conocido como el “Rey del Cobre”, plantea movimientos estratégicos fuertes con la oferta de compra del 100% de Banamex. Su grupo controla activos por cerca de 23 mil millones de dólares en Estados Unidos a través de American Mining Corporation (AMC), que prepara reinversiones millonarias en minas de cobre y plata.

Larrea oferta un precio 6% superior a la propuesta de Fernando Chico Pardo para Banamex, buscando asegurar la operación y evitar riesgos para Citigroup y sus socios. Esta jugada mantiene en alerta a los jugadores financieros y al mercado bancario mexicano.

En CDMX, presiones políticas y contratos a modo

En Cuajimalpa, autoridades locales encabezan un polémico proceso de compra de materiales de construcción y herramientas que favorece a empresas vinculadas con un exfuncionario, Guillermo “El Lic.” Alcántara Bauzá, lo cual levanta sospechas de favoritismo y busca consolidar redes de poder locales.

La situación revela cómo las decisiones desde los niveles más altos del Poder Judicial y Legislativo impactan urgentemente en la economía real del país y la inversión privada. Expertos advierten que si no se corrigen estos problemas, México podría sufrir un estancamiento prolongado y una fuga de capitales crítica.

El futuro inmediato pasa por el debate en la Cámara de Diputados, donde COPARMEX y otros sectores demandan revisar a fondo la reforma al amparo para evitar una crisis mayor que destruya miles de negocios y desaliente inversiones. La atención está puesta en cómo las autoridades responderán ante esta presión creciente.

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