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Izquierda Unida exige la renuncia de delegada por pérdida masiva de expedientes

Sin embargo, la confirmación de más casos hace cada vez más evidente el problema.

Izquierda Unida exige la renuncia inmediata de la delegada de Inclusión Social por caos en expedientes

Izquierda Unida (IU) está exigiendo la dimisión inmediata de la delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en Córdoba, Dolores Sánchez, tras confirmarse un “grave caos” en la tramitación de expedientes relacionados con la Ley de la Dependencia.

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, alertó que decenas de familias llevan casi dos años esperando reconocimiento o revisión de ayudas para sus familiares dependientes, mientras que cientos de expedientes de 2023 y parte de 2024 se encuentran extraviados o desaparecidos en el sistema.

Casos concretos evidencian la crisis administrativa

Uno de los casos que ilustra esta grave falla administrativa ocurrió en Pedro Abad, donde una vecina acudió a consultar el expediente de dependencia de su padre, tramitado en julio de 2024, y descubrió que no aparecía en los registros.

A pesar de presentar el justificante original de la solicitud, la trabajadora social le recomendó iniciar un nuevo proceso, lo que la afectada rechazó y anunció que, de no obtener respuesta pronto, recurrirá a la vía judicial.

Denuncias y reacciones: una batalla entre IU y el gobierno andaluz

Izquierda Unida ya había denunciado públicamente que el gobierno andaluz había perdido cientos de estos expedientes, acusación que fue inicialmente desestimada por el Ejecutivo regional como “alarmista”. Sin embargo, la confirmación de más casos hace cada vez más evidente el problema.

Para IU, la delegada Dolores Sánchez mintió al negar la magnitud del desorden y el caos administrativo actual, calificando su permanencia en el cargo como “insostenible”.

La crítica más amplia: desmantelamiento de servicios públicos

Este escándalo pone de manifiesto, según Izquierda Unida, una estrategia constante del Partido Popular para desmantelar servicios públicos esenciales, algo que también está afectando áreas críticas como la salud pública, citando por ejemplo el descontrol en el programa de cribado del cáncer de mama.

Convocan a ciudadanos para verificar trámites y preparan acciones políticas

La organización hace un llamado urgente a todas las personas que hayan iniciado trámites de la Ley de la Dependencia entre 2023 y 2024 para que acudan a los centros de servicios sociales en Córdoba y verifiquen el estado de sus expedientes ante la posibilidad de que muchos hayan desaparecido.

Izquierda Unida adelantó que llevará este asunto a debate en el Parlamento Andaluz y a “cuantas instancias sean necesarias” para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades políticas.

Impacto inmediato para las familias afectadas

Las consecuencias para los ciudadanos son graves, pues la falta de respuesta y el extravío de expedientes implican la demora o la imposibilidad para recibir apoyos vitales en la atención a personas en situación de dependencia.

Mientras tanto, la presión sobre la Delegación de Inclusión Social no cesa, y la amenaza judicial de los afectados crece con cada día que pasa sin una solución.

Esta crisis administrativa genera incertidumbre y agrava la vulnerabilidad de cientos de familias que dependen de un sistema público que debería garantizar protección y derechos.

Seguimiento y próximos pasos

En las próximas semanas se espera que el Parlamento Andaluz discuta esta problemática, con Izquierda Unida presionando para una investigación profunda y sanciones a los responsables. En paralelo, la ciudadanía está en alerta máxima para proteger sus derechos y exigir claridad.

La situación en Córdoba ejemplifica cómo las fallas en la administración pública pueden impactar directamente en la calidad de vida de los más vulnerables, poniendo en jaque la confianza en las instituciones.

La exigencia de renuncia a Dolores Sánchez es el reclamo inmediato de una organización política que advierte que este caso es solo una parte del deterioro generalizado de los servicios sociales bajo la actual gestión regional.

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