El Juzgado 62 del Circuito de Bogotá confirmó la improcedencia de la tutela interpuesta por la senadora Isabel Cristina Zuleta contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al desestimar sus reclamos por presunta vulneración de honra. Esta decisión ratifica el fallo inicial del Juzgado Treinta Penal Municipal y representa un revés judicial para la congresista.
La controversia se centra en las declaraciones públicas de Gutiérrez, quien afirmó que Zuleta habría intercedido para impedir la captura de Juan Pablo Taborda, alias Yordi, líder del grupo criminal La Terraza. Según el alcalde, esta supuesta interferencia buscaba evitar que frustrara el proceso de paz en Itagüí. Para la senadora, estas afirmaciones herían su buen nombre al asociarla con delitos graves como tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
El fallo, emitido el 31 de octubre, concluye que las expresiones de Gutiérrez forman parte de un debate político legítimo y deben ser dirimidas por mecanismos judiciales ordinarios, no mediante tutela. Así lo explicó el juez Andrés Felipe Ramírez Aguilar, quien aclaró que existían vías alternativas legales para que Zuleta procediera, como la denuncia penal o la acción civil por daños morales.
“La controversia planteada se circunscribe a un debate político suscitado por expresiones públicas, cuyo eventual carácter lesivo debe tramitarse en la jurisdicción ordinaria”
Tras el anuncio, el alcalde Federico Gutiérrez reaccionó en redes sociales destacando que “la justicia nos da la razón” y advirtió que quienes “se aliaron con los peores criminales” deberán responder ante la ley. La polémica entre ambos políticos inició en los primeros meses de 2025, cuando Gutiérrez criticó el papel de sectores políticos en el diálogo con estructuras armadas en Medellín.
La senadora Isabel Zuleta coordina el Espacio de Conversación Sociojurídico con organizaciones armadas en Medellín y el Valle de Aburrá, un rol que también ha sido foco de debate luego de su participación en un evento con el presidente Gustavo Petro.
Hasta ahora no se ha confirmado si Zuleta optará por interponer una denuncia penal o civil o presentará una queja ante la Procuraduría General de la Nación por posible abuso de funciones del alcalde. Mientras tanto, la sentencia refuerza la vigencia de la libertad de expresión política en Colombia y define los límites jurídicos para resolver este tipo de disputas.
El desarrollo de esta controversia es clave por su impacto en la política antidelincuencia y el manejo de procesos de paz con grupos armados en la región, temas con relevancia también para México dada la lucha contra cárteles y grupos criminales organizados.
La decisión judicial representa un precedente claro para otros funcionarios públicos que enfrentan desafíos legales por sus pronunciamientos políticos en debate público. Se espera que en los próximos días la senadora Zuleta anuncie sus próximos pasos legales.
