La lucha de México contra el tráfico de armas procedentes de Estados Unidos se encuentra en un punto crítico. A pesar de que se estima que el 74% del armamento ilegal que circula en el país entra desde la frontera norte, las acciones concretas para frenar este fenómeno siguen siendo limitadas. Las autoridades mexicanas han mapeado las principales rutas de contrabando, pero el compromiso del gobierno estadounidense sigue siendo cuestionable.
La administración de Donald Trump ha sido criticada por su enfoque en la seguridad, donde el tráfico de armas parece no estar en la agenda prioritaria. Cada año, alrededor de 200,000 armas son enviadas a México, lo que evidencia un aparente desinterés por parte de EE.UU. en combatir esta problemática, que alimenta a los carteles del narcotráfico. Informes recientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apuntan a que los estados de Arizona, California y Texas son los principales emisores de este armamento, detectando rutas que han permanecido activas entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades mexicanas por documentar y exponer la situación, los cuestionamientos sobre la falta de acción de EE.UU. son constantes. ¿Cuántos agentes de la ATF están desplegados en las zonas identificadas? ¿Qué operativos se realizan para revisar el tráfico de armas? Estas preguntas persisten mientras que el conocimiento sobre las rutas de contrabando parece no traducirse en acciones efectivas.
“Cuando Estados Unidos venga a decirle a México que tiene que hacer más contra los carteles, el argumento debe ser: tenemos cinco años diciendo que las armas vienen de Texas y no vemos un reforzamiento de las acciones de control”, señala Alejandro Celorio, quien coordinó la estrategia legal de México para llevar a juicio a varios fabricantes de armas en EE.UU. Su perspectiva resalta la impotencia del país ante un problema que parece no tener solución a la vista.
El informe del Departamento de Justicia de EE.UU. refuerza la información que maneja el gobierno mexicano, al señalar que de 2022 a 2023, el 73% del armamento recuperado en México provino de esos mismos estados. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó datos que revelan el decomiso de 5,869 armas, 31,000 cargadores, más de 1.2 millones de cartuchos y 289 granadas en el mismo periodo. Sin embargo, estas cifras parecen no ser suficientes para provocar un cambio en la política estadounidense hacia el tráfico de armas.
La creciente laxitud en la legislación de EE.UU. respecto al control de armas se ha vuelto un tema preocupante. Se han propuesto recortes en el presupuesto de la ATF y cambios en las normativas que facilitarían la compra de armas, lo que podría intensificar el problema en México. “Si realmente Trump quiere eliminar a los carteles, debe enfocarse en el flujo de armas y está haciendo lo contrario”, sostiene John Lindsay Poland, coordinador del proyecto Stop US Arms to Mexico.
El impacto de estas decisiones es palpable, ya que el 82% del armamento incautado entre 2022 y 2023 fue localizado en entidades donde operan los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, organizaciones que Trump ha catalogado como terroristas. Los estados más afectados, como Baja California, Chihuahua y Guanajuato, se convierten en escenarios donde la violencia alimentada por este tráfico es una constante.
El dilema se torna aún más complejo, considerando que las leyes estadounidenses limitan la utilización de información sobre el trayecto que siguen las armas en un juicio. Esto dificulta aún más la posibilidad de que México emprenda acciones legales efectivas contra los fabricantes de armamento. “La información sobre las rutas le sirve a México para sustentar su narrativa, pero poco más”, afirma Celorio, quien enfatiza que el país vecino tiene en sus manos la solución a este problema.
A medida que el debate sobre el control de armas en EE.UU. continúa, la responsabilidad de este tráfico recae en el gobierno estadounidense. “El combate al tráfico de armas no está en su agenda”, añade Poland, evidenciando una desconexión entre las acciones políticas y la realidad que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado.
La falta de acción se convierte en una declaración de intenciones. Aunque el gobierno mexicano intenta visibilizar el problema, los recursos y la voluntad política del lado estadounidense parecen insuficientes. A medida que avanza la situación, el tiempo se convierte en un aliado de los carteles, que aprovechan cada día de inacción para fortalecer sus operaciones.
En este contexto, se vislumbra un camino difícil para México. La posibilidad de un embate legal en un estado como Texas, considerado altamente conservador, es poco probable, según Celorio. Sin embargo, la lucha continua, y el compromiso de ambos gobiernos para abordar el tráfico de armas será crucial para definir el futuro de la seguridad en la región.
