Nuevos reportes confirman que el próximo 1 de septiembre se instalará formalmente la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, un evento que llega cargado de controversia y acusaciones de irregularidades. Esta nueva Corte, compuesta por 9 ministros en lugar de los 11 de la anterior, es vista como un acto de venganza de Andrés Manuel López Obrador contra sus predecesores, quienes bloquearon varias de sus reformas constitucionales.
La elección de los nuevos ministros ha estado marcada por escándalos, incluyendo la inducción al voto mediante millones de acordeones, lo que ha llevado a la incredulidad sobre la legitimidad del proceso. A pesar de la evidencia, las autoridades electorales argumentan que “no hay pruebas” suficientes para demostrar que estos acordeones influyeron en la elección. La situación ha desatado un debate sobre la integridad del proceso y ha dejado a muchos cuestionando la transparencia del sistema judicial.
Entre los nuevos ministros se encuentran figuras como Yasmin Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, quienes tendrán la responsabilidad de demostrar su independencia y compromiso con la justicia, a pesar de las dudas que rodean su selección. La tarea recaerá en el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, quien, a pesar de su falta de experiencia en el litigio, ha sido respaldado por su cercanía con López Obrador.
En un contexto paralelo, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, convocó a una reunión “extraordinaria” para discutir el desafuero de Alejandro Moreno, a pesar de que la Comisión Permanente ya había cerrado sus trabajos. Este tipo de acciones refuerzan la percepción de que el partido Morena actúa sin respeto por los procesos legales establecidos, lo que genera preocupación en la ciudadanía.
Mientras tanto, los 23 gobernadores de Morena han emitido un desplegado de apoyo a la postura de Fernández Noroña, a pesar de que algunos lo hacen con reticencia. En el documento, se exhorta a dejar atrás la violencia y la confrontación, algo que muchos consideran irónico dado el clima de polarización que ha caracterizado al país bajo la administración de López Obrador.
El próximo 1 de septiembre no solo marcará la instalación de la nueva Corte, sino también un punto crítico en la relación entre el Poder Judicial y el ejecutivo, con implicaciones que podrían resonar en la vida democrática de México. La expectativa es alta, y la presión para que la nueva Corte actúe con integridad y justicia es inminente.
La comunidad observa de cerca estos desarrollos, preguntándose si esta nueva era judicial será capaz de superar las sombras del pasado y cumplir con su deber fundamental de proteger la Constitución y los derechos de los ciudadanos.
