Nuevos reportes confirman que la acumulación de riqueza por parte de la oligarquía mexicana está marcada por prácticas corruptas y despojos, según estudios recientes. La opinión pública en México sigue considerando a estos magnates como ejemplos de éxito, ignorando el origen oscuro de sus fortunas.
La investigación de Joaquín H. Vela González destaca cómo la oligarquía ha prosperado a través de la “acumulación originaria” y la “acumulación por desposesión”, conceptos que describen cómo el capital se acumula mediante la privatización y el despojo de recursos comunes. Esta tendencia no es exclusiva de México, ya que muchos países en desarrollo han enfrentado situaciones similares.
David Harvey, un geógrafo inglés, ha señalado que este proceso actual refleja una fase neoliberal del capitalismo, caracterizada por la transferencia de riqueza del sector público al privado. Las crisis económicas son aprovechadas para implementar políticas que benefician a las élites, mientras se privatizan servicios esenciales.
El caso de la privatización en México es emblemático; el colapso económico de 1982 facilitó el saqueo de empresas estatales como Telmex y Imevisión. De 1,155 empresas estatales, solo 70 quedaron bajo control público, generando fortunas millonarias para unos pocos, mientras el pueblo mexicano sufría las consecuencias.
Además, el robo a Pemex, la apropiación ilegal de la renta petrolera y el huachicoleo han sido cruciales en la acumulación de riqueza por parte de empresarios vinculados a estos actos. La corrupción no solo ha afectado la economía, sino que también ha causado graves daños sociales y ambientales, como el desplazamiento de comunidades y la destrucción de ecosistemas.
Las políticas de privatización implementadas en gobiernos recientes, como los Proyectos Por Servicios y las Asociaciones Público-Privadas, han permitido que el capital privado asuma funciones que antes eran exclusivamente del Estado, sin una verdadera rendición de cuentas. Esto ha generado un ciclo de concentración de la riqueza que perpetúa la desigualdad en el país.
Este fenómeno no es nuevo, pero su impacto se siente profundamente en la vida diaria de millones de mexicanos. Las decisiones de gobiernos corruptos han facilitado que los recursos sean explotados en beneficio de unos cuantos, mientras el pueblo queda relegado y empobrecido.
Los análisis actuales trazan paralelismos con prácticas internacionales, como las maniobras de Donald Trump en EE.UU., donde políticas públicas favorecen a un sector privilegiado a expensas de la mayoría. Las crisis, sean económicas o ambientales, son utilizadas como herramientas para justificar subsidios y concesiones a los causantes de esas crisis.
La lucha contra esta acumulación de riqueza desmedida tiene que ser prioridad para la sociedad mexicana. La denuncia y la toma de conciencia son pasos cruciales para desmantelar un sistema que perpetúa la corrupción y el despojo. La historia de la oligarquía mexicana no solo es un relato de éxito; es un llamado a la acción para construir un futuro más justo.
¿Qué sigue? La sociedad civil y los movimientos sociales deben seguir presionando para que se realicen cambios estructurales que frenen la corrupción y promuevan un desarrollo equitativo en México. La atención pública sobre estos temas es más necesaria que nunca.
