Nuevos reportes confirman que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado una decisión monumental al entregar 26 líderes cartelarios a Estados Unidos bajo la Ley de Seguridad Nacional (LSN), un acto que redefine la lucha contra el crimen organizado en 2025. Este traslado, que se realizó en agosto, no sigue el proceso tradicional de extradición, lo que marca un hito jurídico y político en el país.
La medida surge en medio de la creciente presión del presidente Donald Trump, quien ha intensificado sus demandas a México para frenar el tráfico de fentanilo y el crimen organizado transnacional. La LSN permite que el gobierno mexicano actúe de manera más efectiva frente a la delincuencia que amenaza la seguridad nacional, y en este caso, se ha justificado el uso de esta ley para superar amparos por la gravedad de la situación.
Según el Consejo de Seguridad Nacional, los individuos trasladados mantenían operaciones criminales activas, ordenando homicidios y controlando economías ilícitas, lo que justificó la decisión de priorizar el interés nacional sobre los procedimientos judiciales habituales. Esta acción ha sido respaldada por la Suprema Corte, que ha establecido que en casos de seguridad nacional el amparo no es absoluto si se demuestra proporcionalidad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha sido fundamental en esta estrategia. Su legado incluye una notable reducción del 50% en homicidios entre 2019 y 2023, además de un impacto significativo en el crimen con la detención de 23,417 individuos y el decomiso de 12,045 armas y 170 toneladas de droga. Los operativos recientes, como la incautación de 698 kilos de cocaína en San Luis Río Colorado en mayo de 2025, reflejan su enfoque en inteligencia y efectividad.
Sheinbaum ha rechazado la injerencia militar extranjera, pero esta entrega de líderes del crimen es vista como una forma de cooperación sin ceder soberanía. La seguridad se ha convertido en la agenda más prioritaria del gobierno, con un 69% de aprobación para García Harfuch, lo que demuestra la confianza del público en sus esfuerzos.
Esta estrategia no solo busca atender las demandas de Washington, sino también resolver problemas internos como la corrupción en el sistema penitenciario y prevenir fugas, consolidando así la lucha contra el crimen organizado y asegurando que Estados Unidos asuma el juicio y reclusión de estos individuos.
Mientras la situación se desarrolla, el enfoque de México en el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra el crimen organizado se convierte en un tema central en la agenda nacional e internacional, marcando un camino hacia una cooperación más eficaz entre ambos países.
Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se implementarán estas estrategias y qué impacto tendrán en la seguridad de México y su relación con Estados Unidos.
