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México entrega informe sobre desapariciones a la ONU

Entre 2017 y enero de 2025 , solamente se han dictado 373 condenas por desapariciones forzadas.

ACTUALIZACIÓN: Diversas organizaciones civiles han confirmado que México entregó el 18 de septiembre un informe crucial al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) sobre las desapariciones sistemáticas en el país. Este informe es parte del procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que podría llevar el tema a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Un total de 61 colectivos de familiares, 66 organizaciones civiles, 129 familiares y 50 personas solidarias han enviado un informe paralelo que documenta evidencia de desapariciones generalizadas, proponiendo la creación de un mecanismo internacional para esclarecer estos casos. Este mecanismo incluirá acciones como determinar las causas de las desapariciones y establecer un programa nacional de prevención.

El informe también busca procesar a los responsables y garantizar justicia, así como identificar cuerpos y fragmentos óseos acumulados, asegurando el regreso digno de las personas desaparecidas a sus familias. Las organizaciones firmantes expresaron que la aplicación del Artículo 34 no debe verse como un ataque al gobierno, sino como una oportunidad para proteger a todos contra las desapariciones forzadas.

Desde 2015, el CED ha advertido sobre una situación generalizada de desapariciones en México, con una impunidad casi absoluta. Hasta ahora, el Comité ha emitido 773 acciones urgentes relacionadas con México, siendo la mayor cantidad para cualquier estado parte, según las organizaciones. Entre 2017 y enero de 2025, solamente se han dictado 373 condenas por desapariciones forzadas.

La situación es alarmante: en 2024, se registraban en promedio 26 casos diarios, y en el primer semestre de 2025, la cifra aumentó a más de 45 personas desaparecidas por día. Las organizaciones, incluyendo Artículo 19, Red TDT, Fundación para la Justicia y Tlachinollan, han manifestado su expectativa de que la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Consejería Jurídica de la Presidencia respondan al CED con una propuesta que aborde las causas estructurales de las desapariciones.

El impacto de este informe es crucial, ya que resalta la crisis humanitaria que enfrenta el país y la necesidad urgente de medidas efectivas para combatir las desapariciones forzadas. La respuesta de las autoridades será fundamental para determinar el futuro de este preocupante fenómeno.

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