Nuevos reportes confirman que miles de ciudadanos se movilizaron en Cuenca, Ecuador, en una de las protestas más grandes de los últimos años, desafiando el estado de excepción impuesto por el gobierno. La manifestación, que reunió entre 80,000 y 100,000 personas, rechazó el proyecto minero Loma Larga, impulsado por la canadiense Dundee Precious Metals, y la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa.
A pesar de las restricciones que prohíben reuniones públicas en siete provincias, incluida Azuay, los manifestantes defendieron el páramo de Quimsacocha, vital para el suministro de agua de la ciudad, ante la amenaza de actividades extractivas. La jornada culminó con una misa presidida por el cardenal Luis Cabrera, quien instó a proteger el entorno natural.
Los participantes, que incluían estudiantes, obreros y comunidades indígenas, expresaron su preocupación por el impacto ambiental y la posible contaminación del agua que podría resultar de la minería, portando pancartas con mensajes como “el páramo es cuna de vida” y “Quimsacocha no se toca”.
Este proyecto se ha convertido en un símbolo de la creciente tensión entre el desarrollo extractivo y la protección ambiental, con diversos grupos sociales advirtiendo sobre el peligro que representa para la reserva de agua que sustenta a gran parte de la población local. Estos temores se intensificaron durante la marcha, con mensajes alarmantes sobre el riesgo de contaminación irreversible.
La protesta surge en un contexto de malestar social por el aumento del precio del diésel, que pasó de USD 1.80 a USD 2.80 por galón tras la eliminación de un subsidio que había estado en vigor desde 1974. Aunque el gobierno justificó la medida como necesaria para equilibrar las finanzas públicas, la decisión generó bloqueos y manifestaciones en varias regiones, afectando a quienes dependen del transporte público.
Según datos oficiales del diario local El Comercio, entre 2010 y 2023, el Estado gastó más de USD 53,922 millones en subsidios a combustibles, los cuales, según analistas, beneficiaron desproporcionadamente a contrabandistas y sectores de altos ingresos. La respuesta del gobierno incluyó la autorización a las fuerzas de seguridad para disolver concentraciones públicas y garantizar el abastecimiento ante los bloqueos viales.
El decreto de estado de excepción restringió las reuniones, aunque mantuvo el derecho a la protesta pacífica, siempre que no vulnere los derechos de terceros. Líderes como Marlon Vargas, dirigente de la Conaie, exigieron la reversión del decreto que elimina el subsidio, señalando que afecta gravemente a los sectores más vulnerables.
El Frente Unitario de Trabajadores ha convocado nuevas movilizaciones, mientras que en ciudades como Quito, estudiantes también protestan por el aumento de los combustibles, lo que refleja un descontento generalizado en el país. Este es un momento crucial para el futuro de Ecuador, donde la lucha por los derechos ambientales y sociales está en el centro de la agenda nacional.
