La discusión sobre el costo de la energía en Colombia ha cobrado renovada relevancia tras la carta enviada por los gremios del sector eléctrico, donde se proponen medidas destinadas a reducir las tarifas que impactan de manera significativa el presupuesto de millones de hogares. La respuesta del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue inmediata y marcada por un tono receptivo al diálogo. Durante una reciente intervención, Palma expresó que recibe “con satisfacción” las propuestas y reconoció la importancia de la participación del sector privado en un asunto que, según él, debe ser abordado colectivamente.
El ministro no solo valoró el gesto de los gremios, sino que también destacó que muchas de las críticas presentadas en la carta coinciden con los planteamientos que el propio Gobierno ha estado discutiendo. “Incluso coinciden más las críticas que aquí se han hecho con la carta que enviaron los gremios. Sin embargo, la recibo con mucha satisfacción porque eso hacen los demócratas, las propuestas de los gremios. En algunas estamos de acuerdo. Hay que hacer uso eficiente de la energía”, manifestó Palma, reiterando su disposición para avanzar en una agenda compartida que logre alivios tangibles para los ciudadanos.
Más allá de los aspectos técnicos, el ministro defendió una visión de justicia energética que, a su juicio, debe surgir desde las comunidades. Palma enfatizó la importancia de empoderar a los usuarios y dar voz a los trabajadores en la toma de decisiones. Según sus palabras, su enfoque se centra en el fortalecimiento de la autogeneración y el impulso a las denominadas comunidades energéticas, conceptos que han comenzado a cobrar relevancia gracias al programa Colombia Solar. “Es importante, ya no es una utopía. A mediano plazo, la forma de romper el yugo de las facturas de energía impagables es la autogeneración. Las comunidades energéticas, el programa Colombia Solar que tiene un punto de no retorno con su regulación y marco jurídico, son herramientas reales para devolverle el poder a la ciudadanía”, afirmó.
El ministro también subrayó que estas iniciativas permitirán una mayor participación ciudadana, sobre todo en regiones que históricamente han sido excluidas del sistema eléctrico tradicional. “Abrir estos espacios va a permitir que surjan nuevos modelos de organización comunitaria alrededor de las energías limpias”, añadió. Esta propuesta se alinea con su visión de una transición energética que no solo sea técnica, sino que también tenga un rostro social y un sentido territorial.
Uno de los puntos que Palma enfatizó durante su intervención fue la necesidad de replantear el modelo actual de toma de decisiones en el sector energético, prestando especial atención al papel de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Según el ministro, la estructura institucional ha estado históricamente centrada en una visión técnica y empresarial que, si bien es necesaria, ha dejado afuera voces fundamentales del ecosistema energético: los trabajadores. “La inclusión de actores sociales y territoriales no solo enriquecería el debate, sino que también facilitaría una transición justa y sostenible”, argumentó.
Palma subrayó la urgencia de que aquellos que operan, mantienen y garantizan la prestación del servicio en el día a día tengan una participación directa y permanente en las discusiones regulatorias. “Vamos a insistir en que los trabajadores tengan un puesto en la Creg. No se puede seguir regulando sin tener en cuenta a quienes hacen posible la prestación del servicio en el día a día”, manifestó el ministro.
Finalmente, hizo hincapié en que la construcción de una nueva ley que permita reducir las tarifas no puede llevarse a cabo desde escritorios aislados o bajo una lógica exclusivamente de mercado. Es indispensable, según Palma, que el proceso sea incluyente, amplio y deliberativo. “La ley de reducción de tarifas de energía debe construirse entre todos los sectores, no solo desde los gremios o el Gobierno nacional, sino con usuarios, universidades, líderes sociales y comunidades organizadas”, concluyó.
