Desde hoy, 1 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia funciones con una reestructuración radical, reduciendo el número de ministros de once a nueve y otorgando nuevas facultades. Esta transformación trae consigo la llegada de ministros electos por voto popular, entre ellos Hugo Aguilar Ortiz, quien asumirá la presidencia, y Lenia Batres Guadarrama, quien permanecerá en su cargo hasta 2039.
Los nuevos integrantes, cercanos a la 4T y a Morena, recibieron un total de mil 440 asuntos pendientes de resolución, lo que generará una carga considerable desde el inicio de su gestión. Además, la Corte eliminará la Primera y Segunda Sala, órganos que resolvían la mayoría de los casos, lo que plantea dudas sobre su capacidad para manejar la carga judicial.
La reestructuración también incluye la implementación de los llamados “jueces sin rostro”, una medida de seguridad que ha sido criticada por especialistas por infringir derechos fundamentales y el debido proceso. Esta figura, que busca proteger a jueces en casos de delincuencia organizada, plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y la igualdad procesal.
Además, la reforma judicial afecta al Tribunal Electoral y al Consejo de la Judicatura Federal, que desaparecerá para dar paso al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Esta serie de cambios, impulsados por la administración de Andrés Manuel López Obrador, se aprobó sin consultar a los jueces afectados, dejando un clima de incertidumbre en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Con estos cambios, el futuro del sistema judicial en México es incierto, y la sociedad civil observa de cerca cómo se desarrollará este nuevo modelo. La reacción de los ciudadanos y la comunidad jurídica será clave para entender el impacto de estas reformas en la justicia mexicana.
La nueva Corte no solo representa un cambio en la estructura, sino que también podría redefinir el funcionamiento del sistema judicial en el país, lo que tendrá repercusiones significativas para todos los mexicanos.
