Una reciente inspección judicial ha puesto de manifiesto nuevos daños en Bacalar, Quintana Roo, relacionados con la construcción de una casa de descanso militar. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició en 2025 la remodelación de un inmueble cercano a la Laguna de Bacalar, el cuerpo de agua dulce más extenso de la región de la Península de Yucatán.
La obra, que ocupa una superficie de 706.11 metros cuadrados, comenzó a principios de año sin el respaldo de un estudio de impacto ambiental, aunque contaba con los permisos de las autoridades ambientales. Los residentes de la zona comenzaron a observar la actividad del Ejército en enero, cuando se introdujo maquinaria pesada para dragar el suelo y se colocaron vallas alrededor del terreno. A pesar de la presión de la comunidad, las autoridades solo respondieron a las protestas en marzo.
En un comunicado emitido el 1 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) eximió a los militares de presentar un estudio de impacto ambiental, alegando que la obra se limitaba a “realizar el mantenimiento y sustitución de diferentes componentes al inmueble”. Sin embargo, se ha revelado que este espacio será utilizado como un lugar de descanso para personal militar que sufre estrés postraumático debido a su participación en operaciones contra el narcotráfico.
Sin embargo, las características del proyecto sugieren que la construcción está destinada a alojar a altos mandos militares. Según un informe de Proceso, la inspección judicial realizada el 30 de octubre evidenció daños visibles al medio ambiente y a los derechos de la niñez en la región. Esta supervisión formó parte de un proceso legal iniciado por un grupo de padres de familia en representación de sus hijos.
El informe de la inspección señaló la construcción de una alberca a solo cinco metros de la laguna, lo que implica que se realizaron excavaciones en la zona. A 30 metros de la orilla, se encontraron cimientos listos para levantar estructuras, mientras que la superficie del terreno fue elevada un metro y medio con material pétreo. Aunque se supone que el Ejército no debía intervenir en la laguna, se halló un tubo de PVC en el agua, posiblemente utilizado para descargas, aunque no presentaba flujo.
Además, se encontró un árbol caído que, según la Sedena, fue causado por fuertes vientos. Hasta el momento, la obra permanece paralizada bajo una suspensión provisional. Este no es el primer incidente relacionado con el daño ambiental por parte de la Sedena; en abril de 2024, se denunciaron extracciones ilegales de agua en el Estero de Chac para proyectos relacionados con el Tren Maya.
El abogado Daud Rincón, de la Defensoría Pública Federal, comentó que la intervención en la zona no debe ser tratada de manera superficial, ya que el suelo de la Península es de tipo kárstico. La falta de un estudio adecuado representa una irregularidad grave, dado que la Laguna de Bacalar alberga ecosistemas únicos como los estromatolitos.
A pesar de las medidas cautelares, la Sedena continúa con su proyecto, ignorando la importancia de un análisis de impacto ambiental que debería haberse realizado. Los ciudadanos de Bacalar están organizándose para defender sus derechos y proteger su entorno natural, que se ve amenazado por la expansión militar y el uso indebido de sus territorios.
