ONGs entregan informe para denunciar desapariciones masivas ante la ONU
Hoy, México afronta una denuncia internacional sin precedentes sobre desapariciones forzadas masivas tras la entrega de un informe paralelo al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED). Un total de 61 colectivos de familiares, 66 organizaciones civiles y decenas de personas enviaron evidencias que detallan desapariciones sistemáticas y generalizadas en el país.
Este informe fue entregado en el marco del inicio del procedimiento previsto en el Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que podría escalar el caso hasta la Asamblea General de Naciones Unidas y exigir una respuesta contundente.
Situación alarmante y cifras que exigen acción inmediata
El reporte expone que desde 2015 la desaparición forzada es una problemática generalizada en México, con casi total impunidad. A septiembre de este año, el CED lleva emitidas 773 acciones urgentes, la cifra más alta asignada a cualquier país miembro.
Pese a ello, solo 373 condenas han sido dictadas entre 2017 y enero de 2025 por desaparición forzada o cometida por particulares. De forma alarmante, este fenómeno no solo persiste sino que crece: en 2024 se registraron en promedio 26 desapariciones diarias y en el primer semestre de 2025 la cifra aumentó a más de 45 personas desaparecidas cada día.
Propuestas del informe y llamado a autoridades mexicanas
El documento presentado propone la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento con funciones claras: determinar las causas de las desapariciones, implementar un programa nacional de prevención, procesar y sancionar a los responsables, así como garantizar justicia y reparación a las víctimas.
Asimismo, incluye el apoyo para identificar cuerpos y restos óseos acumulados, y asegurar el regreso digno de las personas desaparecidas a sus familiares. Las organizaciones firmantes —entre ellas Artículo 19, Red TDT, Fundación para la Justicia y Tlachinollan— esperan respuestas concretas de la Secretaría de Gobernación, Cancillería y Consejería Jurídica de la Presidencia.
Una oportunidad para México y la comunidad internacional
“La aplicación del Artículo 34 no debe verse como un juicio o ataque al gobierno, sino como una oportunidad para proteger a todas las personas frente a las desapariciones forzadas”, expresaron las organizaciones civiles.
Este proceso es un llamado urgente para que las autoridades mexicanas adopten medidas transparentes, con mecanismos precisos para medir avances, garantizar rendición de cuentas y ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias.
El reporte coincide con un creciente clamor nacional e internacional para frenar una crisis que no solo afecta la seguridad sino la dignidad humana más básica en México. La comunidad mexicana y global estarán muy pendientes de los próximos pasos y la respuesta oficial ante este desafío crítico.
Mientras tanto, las desapariciones continúan aumentando, y con ellas, el dolor y la incertidumbre de miles de familias que exigen justicia y acciones efectivas ya.
