Nuevos reportes confirman que el Poder Judicial del Estado se expandirá a partir del 1 de septiembre de 2025 con la incorporación de 65 nuevos magistrados y jueces de primera instancia, un movimiento significativo para su estructura. Sin embargo, este crecimiento se produce sin un presupuesto adicional, lo que plantea un desafío considerable para el funcionamiento del sistema judicial.
El presupuesto asignado para este año asciende a 801 millones de pesos, cifra que no contempla el incremento por la llegada de los nuevos funcionarios. Esta situación forzará al Poder Judicial a realizar una reingeniería interna para redistribuir los recursos y cubrir salarios, prestaciones y la operación de las nuevas plazas.
El desafío inmediato será mantener la operación de los tribunales sin contratiempos hasta diciembre. La presión es palpable en los pasillos judiciales, donde ya se siente la magnitud del reto que se avecina. En 2026, se anticipa que el Poder Judicial deberá replantear sus necesidades presupuestales ante el crecimiento de su plantilla.
La llegada de jueces y magistrados electos por voto popular busca fortalecer la legitimidad y la confianza en el sistema judicial, especialmente en un contexto donde la ciudadanía exige procesos más transparentes y eficientes. Sin embargo, la verdadera prueba radicará en que esta transformación histórica logre traducirse en una justicia más accesible para la sociedad, a pesar de la falta de recursos adicionales.
Esta situación resalta la importancia de un sistema judicial que funcione adecuadamente, ya que la justicia es un pilar fundamental en la sociedad. La combinación de un crecimiento significativo en el número de funcionarios y la falta de financiamiento plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y efectividad del Poder Judicial en los meses venideros.
Los ciudadanos deben estar atentos a cómo se desarrollará esta situación y qué medidas se implementarán para asegurar que la justicia no solo sea un derecho, sino una realidad efectiva para todos. Con la presión creciente por parte de la ciudadanía, la transformación del sistema judicial se vuelve más urgente que nunca.
