Policía de Río de Janeiro llevó a cabo una de las redadas más letales y contundentes en la historia de Brasil, incautando un arsenal valorado en 2.4 millones de dólares y dejando un saldo de 121 muertos. La operación, dirigida contra la poderosa organización criminal Comando Vermelho, se desarrolló en las favelas de Penha y Complexo do Alemão.
Incautación sin precedentes y confrontación mortal
El operativo, realizado el martes pasado y reportado oficialmente el sábado, involucró despliegue de helicópteros, vehículos blindados y tropas terrestres. Según el último balance oficial, murieron 117 presuntos delincuentes y cuatro policías, aunque asociaciones defensores de derechos humanos y un defensor público reportaron hasta 132 fallecidos.
Las autoridades destacan que fueron confiscadas 120 armas, entre ellas 93 rifles de guerra, con un valor aproximado de 12.8 millones de reales (2.4 millones de dólares). Entre el armamento hay modelos bélicos de alta peligrosidad como AK-47 y FAL, provenientes de países como Argentina, Bélgica, Alemania, Perú, Rusia y Venezuela.
Arsenal bélico en manos de la delincuencia
Felipe Curi, secretario de la Policía Civil de Río, calificó el hallazgo como “un armamento típico de un escenario bélico” y adelantó que se investigarán las redes de tráfico que permitieron la entrada de estas armas al estado. Además, se encontraron municiones, explosivos y material para la fabricación de drogas y municiones.
Reacciones encontradas y preocupaciones por derechos humanos
La operación ha provocado un intenso debate social y político. Organizaciones de derechos humanos y la ONU pidieron abrir una investigación por las posibles ejecuciones extrajudiciales. Familiares denunciaron ejecuciones sumarias y un periodista de AFP reportó al menos un cadáver decapitado.
“Nunca hemos presenciado algo así en la historia de Brasil”, afirmó René Silva, periodista y activista en Complexo do Alemão.
No obstante, encuestas muestran que la mayoría de la población brasileña apoya el operativo. El gobernador de Río, Claudio Castro, aliado del ex presidente Bolsonaro, llamó al Comando Vermelho “narcoterroristas” y calificó la redada como un triunfo contra el crimen organizado.
Incluso el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conocido por una postura más conciliadora, endureció su discurso esta semana, presentando un proyecto para castigar con hasta 30 años de prisión a miembros de bandas criminales y firmando nuevas medidas legislativas contra el crimen organizado.
Impacto en la comunidad y contexto político
William de Oliveira, líder comunitario en la favela de Rocinha, advirtió que estos operativos afectan a toda la población, no solo a los involucrados en delitos. “En la favela hay personas en conflicto con la ley, pero también ciudadanos comunes que sufren estas acciones”, explicó.
La redada forma parte de una ofensiva nacional iniciada en agosto contra el crimen organizado, que ha resultado en incautaciones millonarias y arrestos, aunque sólo 1.3% de más de 1,800 operaciones locales se han considerado efectivas según un estudio de la Universidad Federal Fluminense.
El procedimiento despierta cuestionamientos sobre la eficacia y el costo humano, justo mientras Brasil se prepara para elecciones presidenciales y locales. Legisladores conservadores buscan que las bandas criminales sean clasificadas como grupos terroristas, aunque el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, descartó que estas organizaciones cumplan criterios legales para tal definición.
Próximos pasos y atención federal
Frente a la polémica, el presidente Lula ordenó el envío de representantes federales a Río y la creación de una oficina de emergencia para combatir el crimen organizado. Además, el Senado planea iniciar una investigación sobre la expansión delictiva en los próximos días.
Para México y otras regiones latinoamericanas, este operativo representa un espejo de los desafíos que enfrentan las fuerzas de seguridad frente al crimen armado y la violencia desatada en zonas urbanas marginadas, donde el tráfico de armas y narcotráfico siguen siendo problemas críticos.
Este operativo en Río de Janeiro sigue desarrollándose como uno de los eventos más impactantes en la lucha contra el crimen en Sudamérica, con repercusiones legales, sociales y humanitarias que mantendrán la atención internacional en las próximas semanas.
