PP en Córdoba aprueba plan irregular para justificar ayudas por 600,000 euros
Hacemos Córdoba denunció hoy que el Partido Popular (PP) aprobó un Plan Estratégico de Subvenciones en el Instituto Municipal de Acción Cultural (IMAE) que no solo vulnera la legalidad, sino que fue creado para justificar de manera retroactiva dos ayudas directas por 300,000 euros cada una a empresas privadas sin ningún tipo de concurrencia pública.
Según el grupo municipal, el informe de la Intervención General es contundente: el plan no es previo ni plurianual, falta motivación y control efectivo, y se aprobó para encubrir decisiones ya tomadas, lo que contraviene las normas que regulan las subvenciones públicas. Más grave aún, las ayudas a Mainake Music AIE y Gira Eléctrica AIE se incorporaron al plan luego de iniciar los trámites de gasto, sin una convocatoria abierta ni justificación objetiva.
Alerta por posible nulidad y responsabilidades judiciales
La Secretaría del IMAE advirtió durante la sesión del Consejo Rector que aprobar este plan en estas condiciones podría generar responsabilidades judiciales para quienes votaron a favor o se abstuvieron.
“Este tipo de decisiones son la expresión más clara de cómo el PP entiende la cultura: como un negocio privado financiado con dinero público,” aseguró Hacemos Córdoba.
Los expertos legales citan la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que plantea que estas subvenciones pueden ser nulas por no cumplir con los principios de transparencia y concurrencia pública. Hacemos Córdoba anuncia que estudiará emprender acciones legales por la gravedad de estas irregularidades y las advertencias técnicas que el PP ignoró.
Impacto inmediato y futuro del conflicto en Córdoba
La aprobación del plan refleja, según críticos, un uso clientelar del IMAE y pone en riesgo la propia institucionalidad municipal. Con este escenario, se espera que la controversia crezca mientras la oposición evalúa medidas legales para revertir el desvío en la gestión de fondos públicos destinados a la cultura.
Para los ciudadanos interesados en la transparencia y el correcto uso de recursos públicos, el incidente representa una alarmante señal sobre la gestión de fondos culturales en Córdoba, con consecuencias que podrían extenderse más allá de esta ciudad española, dado el ejemplo que sienta sobre el manejo de subvenciones en municipios.
Se recomienda seguir atentos a los próximos movimientos judiciales y políticos para entender cómo esta crisis impactará el acceso a apoyos culturales públicos y la confianza ciudadana en sus instituciones.
