Un grupo de asociaciones civiles y organizaciones de derechos humanos presentó un amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir la restitución inmediata de las pensiones por discapacidad suspendidas a 111,463 personas en todo el país. La causa está en manos del Juzgado Federal N° 4 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de La Plata.
Esta acción surge tras fallos judiciales en varias provincias como Formosa, Misiones, Catamarca y Río Negro, donde la Justicia ordenó la devolución de las pensiones y el pago retroactivo, además de multas por demoras. También hubo sentencias similares en Mendoza, Córdoba, Neuquén y Buenos Aires.
Auditoría cuestionada y fallos contra ANDIS
El proceso que motivó la suspensión de estas pensiones comenzó en agosto con una auditoría sin normativas claras ni mecanismos accesibles para garantizar la participación de los beneficiarios. La única comunicación fue un edicto y un aviso en la página web de la ANDIS, lo que llevó a que miles de personas no fueran debidamente notificadas.
De hecho, según datos oficiales citados por ACIJ, más de 504,802 cartas documento enviadas para convocar a beneficiarios no fueron entregadas. Esto representa más del 50% del total. En algunos estados como Chaco el porcentaje de entregas fallidas fue del 79%, en Formosa del 74%, y en Corrientes del 70%.
Críticas a la nueva reglamentación y daños a los beneficiarios
El Ejecutivo también aprobó el Decreto 843/2024, que endureció los requisitos para acceder a la pensión, aumentando el mínimo de discapacidad laboral necesario del 50% al 66%. Además, amplió las causas de suspensión y caducidad, lo que incrementó el riesgo de perder el derecho.
Las asociaciones denuncian que algunas personas no recibieron citaciones debido a “inconsistencias en el domicilio” o razones imputables a los beneficiarios por la única vía utilizada: cartas documento. Esto impidió el derecho de defensa y violó principios básicos de justicia.
“La causal de suspensión vinculada al domicilio es inconstitucional por ser irrazonable y se han violado los derechos a la protección social, salud y vida independiente”, afirmó la ACIJ.
Casos que revelan la gravedad del problema
Testimonios incluidos en el amparo relatan situaciones dramáticas: personas que nunca recibieron la notificación para la auditoría a pesar de vivir años en el mismo domicilio, o quienes esperaron sin respuesta la carta documento. En otros casos, el único aviso fue la cancelación vía correo electrónico.
Estas acciones no solo afectan la economía sino el bienestar y la supervivencia de miles de personas con discapacidad, quienes dependen de estas pensiones para acceder a atención médica y una vida digna.
Próximos pasos y expectativa judicial
Ante estos hechos, las organizaciones involucradas pidieron al juez Alberto Recondo que ordene la restitución inmediata de las pensiones suspendidas y que ANDIS se abstenga de hacer nuevas suspensiones basándose en las normas impugnadas mientras se resuelve la causa.
El caso tendrá un impacto nacional y podría marcar un precedente para la refundación del sistema de pensiones por discapacidad en Argentina, con vigilancia sobre los procesos administrativos y el respeto a los derechos fundamentales.
Esta denuncia llega en un contexto delicado tras la crisis que sacudió a la ANDIS y la revelación de audios que comprometen al ex director Diego Spagnuolo, aumentando la urgencia por transparencia y justicia.
Las próximas semanas serán decisivas para miles de personas que luchan por recuperar un derecho fundamental y que exigen que el gobierno respete los principios de justicia, accesibilidad y protección social.
