Nuevos reportes confirman que el ex gerente de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico, Francisco Javier “N”, ha sido vinculado a proceso por un juez federal debido a su presunto involucramiento en el desembarque de 31 buques con huachicol fiscal en ese puerto y en Altamira. El juez Mario Elizondo Martínez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, procesó al funcionario por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
Durante una audiencia de seis horas, se ratificó la prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano, y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, donde las partes deberán reunir pruebas para un eventual juicio. Este caso está relacionado con una presunta red de corrupción que encabezaban el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, Contralmirante Fernando.
La organización Mexicanos contra la Corrupción reveló en abril que Francisco Javier “N” estaba vinculado a uno de los accionistas de Intanza, la empresa que importó 10 millones de litros de huachicol fiscal asegurados el pasado 19 de marzo en Altamira. El juez Elizondo enfatizó que su conexión con este grupo delictivo tiene un “gran valor”, sugiriendo una probable participación en la red criminal.
Durante la audiencia, se presentaron testimonios clave, incluyendo el del ex director de la Aduana de Tampico, ahora testigo protegido conocido como “Santo”, quien identificó a Francisco Javier “N” como parte de la red de corrupción que controlaba el huachicol en las aduanas de Altamira y Tampico. Otro testigo, el Jefe de Departamento de Supervisión de Maniobras en ASIPONA, identificado como HRV, acusó al exfuncionario de permitir la descarga de buques con diésel que se hacían pasar por aditivos para aceites.
Los testimonios apuntan a que el exgerente encubrió la entrada del buque Challenge Procyon, asegurado con 10 millones de litros de huachicol fiscal. En su defensa, Francisco Javier “N” alegó que su implicación era resultado de una “confusión” de la Fiscalía General de la República, insistiendo en que no tenía autoridad para afectar los ingresos de los buques.
El juez desestimó su defensa, señalando que no se requiere probar la ejecución del delito, sino que se debe demostrar la relación con la organización criminal. “Usted no tiene atribuciones para dejar entrar embarcaciones”, le recordó el juez, subrayando la importancia de los testimonios que lo incriminan.
Este caso ha sacudido al sistema portuario de Tamaulipas y se convierte en un nuevo frente en la lucha contra la corrupción y el huachicol en México, un tema que ha afectado profundamente a la sociedad y la economía del país. El desarrollo de este proceso judicial será vigilado de cerca, ya que podría revelar más conexiones y profundizar en la red de corrupción en el sector energético.
